Asociaciones pro derechos humanos han reclamado la creación de un juzgado de garantías que supervise las deportaciones de inmigrantes sin papeles y medidas para asegurar la asistencia letrada y humanitaria de las personas rechazadas en aeropuertos, tras detectar un aumento de las expulsiones desde 2017.

En rueda de prensa, portavoces de las asociaciones Iridia y Novact, Andrés García Berrio, Diana Cardona y Clara Calderó, han presentado el informe que ambas entidades han elaborado para denunciar las vulneraciones de los derechos humanos en las deportaciones de extranjeros practicadas en España en la última década.

Según datos del informe, entre los años 2010 y 2019 España deportó un total de 223.463 personas, 92.433 por procedimientos de denegación de entrada, 56.576 por devoluciones y 74.454 por expulsiones.

Aunque el total de deportaciones ha ido disminuyendo a lo largo de los años, desde 2017 se ha detectado un aumento en las tres modalidades de deportación.

El informe denuncia la "falta de transparencia flagrante" respecto a las llamadas "devoluciones en caliente" efectuadas por los cuerpos de seguridad -sin ningún procedimiento administrativo que lo ampare-, lo que ha impedido obtener datos sobre el número de casos.

Las asociaciones exigen que se derogue la ley de extranjería y se lleve a cabo un proceso extraordinario y urgente para regularizar a los cerca de 500.000 migrantes sin papeles que calcula residen en España, especialmente "ante la actual situación de emergencia sanitaria".

Mientras eso no ocurra, el informe propone otras medidas para hacer frente a la arbitrariedad y la vulneración de derechos humanos en las deportaciones, como la creación de un juzgado de garantías que analice la "congruencia y proporcionalidad" de las expulsiones y determine si pueden afectar a derechos fundamentales, como el de la vida en familia.

Entre otras reivindicaciones, las asociaciones piden derogar el protocolo de la Policía Nacional, aprobado en 2007, para las deportaciones por vía aérea y marítima, con el fin de evitar las contenciones mecánicas de todo el cuerpo y las sedaciones forzosas.

Las entidades proponen una "reforma profunda" de las salas de espera para personas rechazadas en los aeropuertos, con correcta comunicación con el exterior y separación por géneros, y que se garantice el acceso a las mismas de organizaciones especializadas en protección internacional, trata e infancia.

Otras de las propuestas es crear un sistema de acogida "digno" para los migrantes que cruzan la frontera por vías informales y garantizar la correcta asistencia letrada de las personas a las que se abra un procedimiento de denegación de entrada.

También exigen un protocolo que permita erradicar las identificaciones por perfil racial por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y que se limite a un máximo de dos años el tiempo de vigencia de las órdenes de expulsión.