Tras la aprobación por parte del Congreso del Proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia, la Fundación Villacisneros, la Asociación Católica de Propagandistas, la Asamblea por la Vida y la Fundación Valores y Sociedad decidieron crear un grupo de trabajo para analizar el contenido. Juntaron a académicos y juristas con el objetivo de explorar a fondo la nueva norma. Así llegaron a la conclusión de que supone un nuevo "instrumento de ingeniería social que pretende modificar las conciencias de las personas".

Según María Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III, esta ley "prohíbe que los padres discrepen de sus hijos en aspectos como la orientación sexual". Aseguran que, según el proyecto aprobado, la discrepancia en este aspecto sería considerada una forma de violencia, por lo que podría "instalar el miedo en las familias, en las relaciones paternales". Así lo han hecho público en una conferencia en la que han expuesto sus conclusiones.

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En el acto también ha participado Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, que parafraseando a Aristóteles ha asegurado que "nadie mejor que la familia sabe cómo educar a los hijos, porque son los padres quienes los conocen personalmente. Mientras que esta ley defiende justo lo contrario, ya que se supone que es el Estado quien va a educarles".

Munilla también ha denunciado la falta de libertades: "no existe una libertad de conciencia, no existe una libertad de pensamiento, niegan la posibilidad de objeción. Existe un pensamiento único". El Obispo deja claro que la ley ataca la capacidad de la familia para gestionar la forma en la que educan a sus hijos y trasmiten sus valores. A la vez que asegura que estamos en un momento en el que "quien no asuma determinada ideología puede ser considerado fóbico. Si no piensas como ellos, ya se supone que estás odiando".

Estas instituciones consideran que los padres podrían ser considerados "culpables a priori" por la mera denuncia de la presunta víctima. Incluidos aspectos relacionados con la identidad de género o la orientación sexual. Además, llegan a la conclusión de que las nociones jurídicas de esta ley son indeterminadas, cuestionables desde el punto de vista científico e ilegítimas.

"Los que critican a la familia no saben lo que hacen. Porque la familia es una comunidad de amor, una comunidad dispuesta a acoger a todos los que el Estado no quiere", reivindica la profesora Calvo. A la vez que anima a todos a librar una batalla moral, sin rendirse en el intento: "no podemos desheredar a los no nacidos de todo lo que tiene nuestra civilización occidental".