Los editores de libros de texto, que denunciaron presiones de las comunidades para modificar contenidos en libros de texto, han precisado que se trata de "anécdotas" de "épocas remotas" tras reunirse con la ministra de Educación, Isabel Celaá, a la que han asegurado que no hay adoctrinamiento en los manuales.

Así lo ha manifestado el presidente de la Asociación Nacional de Editoriales de Libros (Anele), José Moyano, al término del encuentro, que ha calificado de cordial, que fue convocado por Celaá después de que la pasada semana los editores denunciaran los "mecanismos bastardos" que usan las comunidades autónomas para que los libros de texto "digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice".

En este sentido, comentaron que Canarias quería que "desaparecieran los ríos" de los textos, Cataluña que el exconde de Barcelona Wilfredo el Velloso fuera "Wilfredo el Piloso y que no se hablara de los Reyes Católicos" y Andalucía protestó por un libro de música que no incluía el tambor rociero, entre otras reclamaciones.

Según Moyano, la mayoría de estos ejemplos correspondían a "épocas muy remotas, antes de 2001, en las que había que pasar la supervisión previa" y los ha calificado de "anécdotas".

Ha precisado que "la presión ahora viene relacionada con el tema normativo porque hay mas de 450 legislaciones que nos afectan en nuestro quehacer como editores", y ha explicado que han reiterado a la ministra su petición de un "currículo homogéneo de sentido común".

Un currículo en el que Celaá está dispuesta a trabajar cuando se apruebe la nueva ley educativa, según ha comentado, tras manifestar que los editores le han confirmado que no hay ninguna denuncia por adoctrinamiento en los manuales y recordar que el sector editorial tiene libertad de empresa, pero siempre trabaja en el marco constitucional.

"No cabe no esperarse ningún adoctrinamiento en ningún libro de texto, si lo hubiere sería un error y habría merecido una denuncia y no las hay en este sector de los libros de texto", ha subrayado Celaá.

Además, ha dicho que el adoctrinamiento no cabe en la ley porque no hay libros oficiales aprobados por la autoridades administrativas y ha recalcado que "nos hemos dotado de un sistema constitucional para el estado de las autonomías" por el que los libros de texto se hacen por profesionales" y "en el caso de que se produzca una incidencia, es la inspección técnica de cada una de las comunidades la que actúa y, en su caso, la Fiscalía".

Además, ha explicado que los editores "de ninguna de las maneras se han referido a presiones" para modificar o incluir contenidos en los textos por parte de los Consejeros de Educación y "mas bien han hablado de proliferación normativa".

A juicio de Celaá, esta diversidad normativa está "muy propiciada por la clasificación de la Lomce de las materias en troncales, libre configuración y específicas", que da pie a que se "multipliquen exponencialmente".

Por ello, la titular de Educación ha manifestado que la nueva ley que ha elaborado su departamento volverá a fijar la elaboración de los currículos entre el Estado y las comunidades autónomas.

El Estado definirá el 65 % de los contenidos en las comunidades sin lengua vehicular y el resto lo harán los gobiernos autonómicos y el 55 % en el caso de las que tengan lengua propia. "Este reparto que ha sido muy útil desde la Logse" y los editores también lo ven así, ha asegurado Celaá.

En este sentido, Moyano ha pedido que "no se abra tanto el abanico de la diversificación" de textos en las materias de ámbito científico, como las matemáticas o la física, mientras que se ha mostrado partidario de hacerlo en las relacionadas con la historia o las ciencias sociales.

Y ello se debe, ha subrayado Moyano, a que hay una "teoría del aprendizaje que requiere que se aprenda desde lo más cercano" y ha citado como ejemplo en este sentido las "presiones" ejercidas por Castilla-La Mancha para modificar una explicación sobre el funcionamiento de la caja de cambios de un vehículo.