Una portavoz de la organización juvenil dice que la Policía les impidió manifestarse con su camión, con una "actitud matona y machista"

La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto tres expedientes sancionadores contra tres integrantes de las organizaciones Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas por "desobediencia grave a la autoridad" durante la multitudinaria manifestación celebrada el pasado 8 de marzo en Madrid por el Día Internacional de la Mujer.

Así lo indica en un comunicado este departamento, que ha argumentado que ha incoado los expedientes como consecuencia de tres actas de denuncia extendidas por agentes de la Policía Nacional por presunta infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad ciudadana, que se refiere a la resistencia y desobediencia a la autoridad.

Los hechos que motivaron las denuncias tuvieron lugar en la Glorieta del Emperador Carlos V de Madrid, al inicio de la manifestación. La Delegación explica que los agentes de la Policía Nacional acudieron a la llamada de la Policía Municipal de Madrid por "problemas" con un vehículo que quería acceder al recorrido de la manifestación.

Tras comprobar que "efectivamente" el camión no contaba con la autorización para circular en el cuerpo de la manifestación, los agentes denegaron el acceso del vehículo "por razones de seguridad y así lo comunicaron a los interesados".

"A pesar de ello, se produce la negativa de las tres personas (sancionadas) a obedecer las instrucciones policiales, llegando a retirar la valla de señalización dispuesta para el corte de tráfico que garantiza la seguridad de las personas que libremente se manifiestan", sostiene la Delegación del Gobierno, que advierte de que "recorrieron varios metros" con el camión, que finalmente fue interceptado por un agente, que inmovilizó el vehículo, tras "negarle" los manifestantes sancionados la entrega de llaves.

Asimismo, describe que en ese momento, en la parte de atrás del camión, una de las personas denunciadas se dispuso a "arengar a una masa de 200 personas" con un micrófono y altavoces, una situación que, según la Policía, obligó a los agentes a abandonar el lugar para evitar una situación "aún más complicada", mientras el camión quedó parado sin posibilidad de retirarlo, obstaculizando el recorrido.

"Como ocurre en este tipo de manifestaciones en las que se prevé una asistencia multitudinaria, días antes del 8 de marzo, se celebró en la Delegación del Gobierno la correspondiente reunión de seguridad en la que se informó, entre otros extremos, de la necesidad de disponer de la correspondiente autorización para los vehículos que pretendiesen acceder a la misma, para garantizar la seguridad de los manifestantes, y en aplicación de la alerta de Nivel 4 Antiterrorista", apunta.

"NO DESOBEDECIMOS NI INSULTAMOS A LA POLICÍA"

En declaraciones a Europa Press, Ana García, una de las portavoces de estas dos organizaciones juveniles, y multada con 700 euros por este incidente, indica que aunque no tenían autorización para circular con su camión en la manifestación, "siempre" lo han hecho "sin ningún problema" en manifestaciones "multitudinarias", un argumento, que, según la joven, expresaron a los agentes, a los que también advirtieron de que la retirada del vehículo en ese momento conllevaría mayor riesgo.

Según García, los agentes antidisturbios, con una "actitud, intimidatoria, machista y matona e inaceptable en una manifestación como la del 8M", no les permitieron continuar y asegura que tampoco les dieron más explicaciones. "Acabaron arrancando las llaves de contacto del camión sin pedírnoslas primero", denuncia.

Los integrantes de estas organizaciones dejaron atrás el camión y continuaron la marcha que duró varias horas. Según esta portavoz, a ella la identificaron al término de la manifestación. "Vinieron directos a por mi después de horas, nos estuvieron siguiendo. Nunca nos había pasado algo así, nuestras manifestaciones, como la de esa mismo día por la mañana, son siempre pacíficas y tenemos un amplio historial a nuestro favor", apostilla.

Al día siguiente, los identificados pidieron por escrito una reunión en la Delegación del Gobierno, pero "no hubo respuesta". El pasado 10 de junio llegó la primera multa de 600 euros a uno de sus compañeros, de manera que los miembros de estas organizaciones pidieron de nuevo una reunión con la Delegación, que "vuelvió a dar la callada por respuesta".

"A partir de entonces, iniciamos una campaña de presión, en la que obtuvimos cientos de apoyos y nos llamaron desde la Delegación del Gobierno para una reunión este viernes 14 de junio. Y en este espacio de tiempo llega mi multa de 700 euros, 100 más que la de mi compañero, y, el miércoles (12 de junio), llega la tercera que aún no sabemos a cuánto asciende", indica García.

"Es todo mentira, no desobedecimos, era imposible porque nos arrancaron las llaves del camión. Tampoco les insultamos. Deberían multar a los policías por su actitud machista y violenta contra nosotras", sostiene esta portavoz, que lamenta que el Gobierno "que se dice socialista y feminista permita que nos traten así, impidiendo nuestro derecho a la libertad de expresión".