El defensor del Pueblo ha denunciado que España expulsó a Mauritania migrantes de terceros países sin especificar que hubieran transitado por aquel país o que las pateras en las que llegaron salieran de allí, tal y como obliga el acuerdo por el que se han reactivado las deportaciones a esta república africana.

Lo hace en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que Francisco Fernández Marugán ha entregado esta mañana en el Congreso y en el Senado y en el que avisa de que ha solicitado a la Administración "información adicional sobre esta cuestión" a la que piensa hacer un "seguimiento exhaustivo" en este 2020.

El pasado año, el defensor comenzó a supervisar los vuelos de repatriación a Mauritania que empezaron a ejecutarse en virtud de un acuerdo en materia de inmigración de 2003, que permite la readmisión de nacionales de terceros países siempre que se acredite o se presuma que han transitado efectivamente por uno de los dos países vinculados por este instrumento.

A lo largo de 2019 se hicieron 5 de estos vuelos, que partieron de Madrid e hicieron una escala en Tenerife con destino a Nuadibú, y que, entre otros, trasladaron a 136 personas procedentes de Senegal, Guinea Bissau, Guinea y Gambia, Malí y Costa de Marfil. La institución estuvo presente en dos de ellos, el 6 de junio y el 19 de septiembre.

"En ninguna de las resoluciones de devolución que sustentaban estas repatriaciones se indicaba que el lugar de procedencia de las pateras en las que arribaron las personas repatriadas fuera Mauritania o que hubiesen transitado por este país. Tampoco se hacía referencia al citado acuerdo", asegura el informe.

Además, el defensor vuelve a mostrar su preocupación, como ya hiciera cuando empezó a monitorizar estos vuelos, que en el caso de los nacionales de Malí -muchas de cuyas regiones han sido declaradas como zonas de riesgo por ACNUR-, España "podría estar vulnerando el principio de no devolución" de los tratados internacionales que ella misma ha suscrito, así como en el Reglamento FRONTEX, al devolver a ciudadanos, "aun por vía indirecta, a lugares que impliquen un riesgo para su seguridad".

"Se trata de un asunto que se ha remitido al Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, si bien el MNP ya ha manifestado en sus escritos a la Administración su preocupación respecto de las condiciones de respeto de los derechos fundamentales en Mauritania y la situación de aquellos países de los que son nacionales los repatriados a cuyas autoridades son entregados, supuestamente", por parte de este país africano.

En total, el MNP monitorizó en 2019 la repatriación de 552 personas extranjeras, aunque, según la información proporcionada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), el total de repatriados ascendió a 669 personas a través de 19 operativos conjuntos con la agencia europea de control de fronteras exteriores (Frontex).

Dichas inspecciones -que han dado lugar a 139 conclusiones que han fundamentado una recomendación, 15 sugerencias y un recordatorio de deberes legales- le han permitido confirmar que aún persisten varias de las cuestiones que observó en otros años, como la falta de notificación de la materialización de los vuelos con suficiente antelación.

También la ausencia de una cumplimentación adecuada de las cadenas de custodia, que no se permita a las personas procedentes de detención policial recoger sus pertenencias o que solo cuenten con documento Fit to travel las personas procedentes de CIE.

Precisamente a los Centros de Internamiento de Extranjeros vuelve a dedicar una buena parte de su informe: en 2019 fueron devueltas 3.758 personas, un 2,03 % menos que en 2018. El 97,81 % eran hombres.

Sin embargo, el defensor alerta de que, pese al desplome de las entradas irregulares de migrantes, -que pasaron de 63.054 a 32.524-, "se ha producido un número importante de expedientes de devolución y expulsión incoados y resueltos", un total de 69.119.

La causa legal que sustentó la mayor parte (57,98 %) fue la estancia irregular, seguido de la expulsión por sustitución judicial de la pena privativa de libertad (26,98 %) y haber sido condenado por una conducta dolosa que constituya un delito castigado con más de un año de prisión.

No obstante, el año pasado ha disminuido el número de menores ingresados en los CIE, que de 88 han pasado a 54. A este respecto, Fernández Marugán pone el foco en los centros que visitó -Algeciras, Barcelona y Murcia-, con más de diez identificados cada uno.

En sus inspecciones observó también un uso relativamente frecuente de la separación preventiva, tanto por circunstancias regimentales como por razones médicas o de prevención de suicidios, y en algunos casos detectó la utilización indistinta de dichas habitaciones para ese doble uso, lo que a su juicio es "inadecuado". EFE