El Defensor del Pueblo ha entregado este miércoles al Congreso un informe sobre la crisis migratoria de Canarias en el que señala las deficiencias que aprecia en la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo y advierte de que "no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación derechos".

Fernández Marugán cita en este punto "las restricciones a la libre circulación" que sufren solicitantes de asilo e inmigrantes con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto de España desde las islas, pero a lo largo de su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos.

"El sistema de acogida en Canarias, tanto de personas en situación irregular que por distintos motivos no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atenderlas en centros residenciales adecuados", expone el Defensor.

Por ello, cree "imprescindible" que "sin más demora" se exploren fórmulas como la de confirmar "por escrito" a los extranjeros que todavía no pueden ser expulsados que su orden de retorno "no se ejecutará temporalmente", para ayudar a que salgan "de las situaciones de precariedad y marginalidad en la que con frecuencia se encuentran" y gestionar "con racionalidad" la red de acogida.