El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha denunciado la invisibilización que sufren las mujeres en los centros penitenciarios y ha sugerido, entre otras recomendaciones, que se garantice el acceso a talleres formativos y destinos en condiciones de igualdad.

Así se recoge en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que el Defensor del Pueblo ha entregado este lunes en el Congreso de los Diputados y en el Senado y en el que explica la puesta en marcha en 2018 de un protocolo de visitas a centros penitenciarios centrado en cuestiones de género.

Un proyecto piloto, llevado a cabo en la cárcel valenciana de Picassent, que cuenta con 236 presas entre las 2.052 personas internas que tiene y con una unidad de madres, que ha evidenciado la invisibilización de la mujer y de su realidad en las cárceles.

Fernández Marugán cita como ejemplo que los formularios y registros sólo hablan de "internos" y los registros no contienen información desagregada por sexos, por lo que recomienda incorporar la variable de sexo en la recogida informática de datos y elaborar estadísticas separadas.

Asimismo, lamenta que por razones de seguridad y protección, se evita que las mujeres asistan a talleres donde coincidan con reclusos condenados por delitos sexuales o violencia de género con lo que "se da la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra".

Por ello, ha formulado una sugerencia para que se garantice el acceso a talleres formativos y destinos en condiciones de igualdad.

Recomienda también que se revise la aplicación de medidas de seguridad y medios coercitivos ya que se ha constatado que con las reclusas apenas se utilizan las defensas de goma y las esposas, mientras que el aislamiento provisional, las correas homologadas y la fuerza física se aplican en un porcentaje mayor a internas que a internos.

En cuanto al acceso al tratamiento, a las actividades y al empleo remunerado, el defensor del pueblo ha detectado "barreras" para las mujeres basadas en la organización del espacio de la prisión y en la distribución de la población penitenciaria.

Unas limitaciones que se extienden "incluso" al uso del polideportivo, con actividades y horarios más amplios para hombres que para mujeres, asevera el informe, que subraya que sólo el 8 % de las mujeres internas contaba con un contrato de trabajo en el momento de la visita.

Además, la institución detalla que el personal de la cárcel de Picassent, tanto de custodia como sanitario, no recibe formación en materia de género, en contra de lo recogido por los organismos internacionales.