El Defensor del Pueblo ha solicitado este viernes al Gobierno la necesidad de un marco legal específico para las emergencias y catástrofes de gran magnitud y capacidad destructiva, que transforman la configuración del territorio de forma permanente.

Esta es una de las recomendaciones que ha trasladado al Gobierno de España, en este caso concreto al Ministerio de Presidencia; al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma a propósito del informe realizado respecto a la respuesta de las administraciones ante la erupción volcánica en La Palma, que considera "adecuada".

Recalca el Defensor del Pueblo que "hay que considerar en primer lugar a las personas afectadas y la difícil situación en la que se encuentran, tras haber visto destruidas sus viviendas y sus tierras, y que aspiran a reconstruir sus vidas y a recuperar la normalidad".

La institución estima que la magnitud y amplitud del daño causado por la erupción del volcán, así como el número de afectados y la trasformación de una extensa zona territorial plantean "desafíos que deben ser objeto de reflexión".

Uno de esos desafíos es la citada ley específica para grandes catástrofes transformadoras del territorio.

Asimismo, con el fin de obtener suelo para las viviendas y actividades de las personas afectadas, el Defensor del Pueblo estima necesario, y así se lo recomienda a la Vicepresidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, que apruebe cuanto antes las normas que establezcan la nueva ordenación urbanística que permita afrontar las consecuencias sufridas en el territorio por la erupción volcánica.

Y que lo haga "lo más ágil y rápidamente posible", atendiendo a las necesidades de la población afectada.

Para la elaboración de su informe el Defensor del Pueblo ha analizado la documentación y los datos recibidos de las administraciones -Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y Cabildo de La Palma-, las quejas recibidas y la información recogida en la visita a la isla el pasado octubre.

Indica que en La Palma se ha realizado "un notable esfuerzo normativo, por la vía de urgencia, que ha permitido la puesta en marcha de un conjunto amplio de medidas de reparación y reconstrucción en todos los ámbitos afectados".

Medidas que las distintas administraciones están aplicando y gestionando "en tiempos razonables", sin perjuicio de que algunos aspectos o ámbitos de la respuesta normativa y administrativa presenten "más obstáculos que otros" para su materialización.

También reconoce la institución que el volumen de recursos previstos y movilizados hasta ahora es muy significativo y "parece acorde con la gravedad de los daños acaecidos".

A su vez, el Defensor del Pueblo considera que las administraciones implicadas están actuando "de manera conjunta y coordinada".

Según los datos ofrecidos por las administraciones las ayudas entregadas eran, a fecha 31 de octubre de 2022, de 577,21 millones de euros. De ellos, 259 millones han sido ayudas para viviendas y alojamientos para personas afectadas por la erupción.

Y el resto para emergencia social y apoyo al empleo (88,99 millones), ayudas para empresas, autónomos y sectores económicos (84,34 millones) y otras medidas y ayudas -montaje desaladoras, fondo de garantía del riego agrícola- (144,62 millones).

En esa misma fecha se habían recibido, en el Registro Único de Afectados, 7.860 solicitudes, de las que quedaban pendientes de tramitar el 3,36% (239).

No obstante, ante una catástrofe de esta naturaleza y dada la dimensión del daño producido, "es comprensible que las personas afectadas puedan considerar las medidas adoptadas lentas e insuficientes", admite el Defensor del Pueblo.