El Defensor del Pueblo recuerda al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche que tiene el deber legal de "velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos", tras su visita al mismo, a raíz de las quejas formuladas por el centro Pueblos Unidos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y de la asociación Karibu, denunciando "graves vulneraciones de derechos".

El SJM denunció en su momento "la violencia que generan estos centros", tras el intento de fuga del 19 de octubre que dejó heridos a muchos internos y policías. "En este caso lo que se recuerda es que no es una violencia puntual, sino estructural, incrementada por una gestión deficiente que obstaculiza la intervención social y prima medidas represivas", asegura el SJM.

Tras los incidentes ocurridos el 19 de octubre, el pasado 5 de noviembre de 2018, un técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y un técnico del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo se presentaron en el CIE de Aluche sin previo aviso para comprobar las condiciones de los internos. Mantuvieron entrevistas con ellos, así como con personal adscrito al centro y examinaron el sistema de solicitud de protección internacional en este centro.

Tras la visita, la institución abrió una investigación de oficio respecto al incidente ocurrido días antes, así como por "problemas para la presentación de solicitudes de protección internacional". Además, comprobó que a varias personas no les fue notificada la materialización de la repatriación, según el informe.

Asimismo, los técnicos del Defensor del Pueblo constataron que "un gran número de internos puso de manifiesto la existencia de malos tratos y vejaciones por parte de los agentes de custodia" por lo que solicitaron información acerca de si en el CIE existe un protocolo de actuación de quejas por malos tratos referidos por los internos.

Además, observaron la presencia de efectivos policiales provistos de elementos tales como escudos, defensas, etcétera, días después de los incidentes, lo que, según precisan, "contribuye a la prolongación de un ambiente de tensión".

En este sentido, la institución recuerda al CIE de Aluche "el deber legal que le incumbe de velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad".

Por otro lado, en el informe señalan que en el momento de la visita al centro, las visitas de familiares y allegados se encontraban restringidas, mientras que las visitas de ONG se encontraban suspendidas.

Sobre este punto, el Defensor del Pueblo recuerda al centro "el deber legal que le incumbe de garantizar el derecho de la persona interna a comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial, así como a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales".

INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Según informa el Servicio Jesuita a Refugiados, en las últimas semanas, los juzgados de control del CIE de Aluche han realizado visitas al centro, "llevando a cabo investigaciones sobre los aspectos que centraban la reciente queja de 101 internos sobre la situación de violencia y degradación que se vive: falta de preaviso en los procesos de expulsión, carencias en el acceso a la solicitud de protección internacional o aislamientos injustificados y tratos vejatorios a algunas personas internas".

"Todo ello hace que sigamos afirmando que los CIE son espacios de desprotección que no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad y que vulneran de forma continua los derechos de las personas internas", subrayan desde el SJR.

Por ello, consideran que es "urgente la inmediata revisión de las políticas de internamiento de extranjeros y la puesta en marcha de medidas alternativas a la privación de libertad que garanticen la seguridad y el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas". "¡No más CIES!", reclaman.