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La consejera de Medio Ambiente de Madrid, sobre el plan energético: "Son imposiciones bajo amenaza de sanción"

Paloma Martín atiende a "Herrera en COPE" para explicar el posicionamiento de su comunidad respecto a la conferencia sectorial que mantendrán esta misma mañana con el Ejecutivo

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Tiempo de lectura: 6'Actualizado 11:11

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado lunes, un paquete de medidas de ahorro energético para que edificios administrativos,espacios culturales y sitios comerciales así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, ajusten sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno. Asimismo, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando dispongan de sistemas de calefacción o refrigeración en funcionamiento.

El polémico plan, el cual entrará en vigor mañana, ha suscitado mucha polémica, no solo entre empresarios y particulares, sino que también entre diversas instituciones y organismos públicos a nivel autonómico. El sistema sobre el que se desarrolla este proyecto de gestión energética genera muchas dudas sobre su eficacia dada la poca adaptación a los distintos puntos geográficos además de la falta de cálculos de viabilidad respecto a las consecuencias económicas que esto puede generar.

Llegados a este punto, el Gobierno convocó finalmente para este lunes a las 10 de la mañana una conferencia sectorial para analizar con los consejeros autonómicos los detalles del plan de ahorro y "despejar dudas" sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor. La reunión estará presidida por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. Al encuentro, que se celebrará de forma telemática, según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica, están convocados finalmente los máximos responsables autonómicos en las áreas de Energía, Industria y Comercio, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Una de las responsables autonómicas que va a acudir que va a participar de esa reunión es la Consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, quien previo a esa importante cita ha atendido a "Herrera en COPE" para explicar la posición de su región respecto a este suceso además de solventar todas las dudas generadas respecto al tema.

"Lo primero que le vamos a pedir al gobierno es que convoque de manera urgente una conferencia de presidentes porque todo esto ha sido una improvisación permanente. Este gobierno ha generado una serie de incertidumbres que afecta de lleno a la iniciativa empresarial, a tiendas, a cines, a supermercados, a teatros y a toda la restauración en general. La improvisación del gobierno, pues ha generado un caos político. Por lo tanto, vamos a pedir que celebre de forma urgente una Conferencia de Presidentes donde se pueda abordar los problemas reales que tenemos todos los españoles y, de manera singular, la empresa, el comercio y la industria, que es el alto precio que se está pagando por la electricidad en el día de hoy", explica Martín al ser preguntada por las propuestas con las que llega su comunidad a dicha reunión.

Pese a que la reunión era un atisbo de esperanza para una posible modificación del plan, las comparecencias de la ministra de Transición Ecológica y de la ministra de Energía y Comercio desvanecen cualquier posibilidad. Las expectativas no son altas tras sus palabras, ni siquiera para una simple rectificación: "Acudimos con la expectativa de que se nos escuche, de que se atiendan nuestras peticiones. Porque esta norma se ha hecho de espaldas a las Comunidades Autónomas, a los municipios, sin atender las peculiaridades de cada territorio, de cada ayuntamiento. Se hecho de espaldas a los propios sectores afectados y no se ha medido el impacto económico que va a tener sobre el comercio, el turismo y los espectáculos culturales. Son medidas impuestas que, de la noche a la mañana, nos hemos encontrado publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Es una imposición, es que van a generar más daño aún si cabe sobre una actividad económica que afronta el otoño con señales alarmantes y que carecen del mínimo análisis sobre el impacto económico que va a tener", expresa la consejera manifestando el bajo optimismo de que la situación se revierta.

"Pues fundamentalmente hay que resaltar que son medidas impuestas cuando lo que tenía que hacer el gobierno era incentivar y proponer. Las medidas que han adoptado muchos países europeos son obligatorios para el sector público, pero voluntarias para el sector privado. Sin embargo, el Gobierno de España lo que hace es imponer obligaciones a comerciantes, supermercados, cines y teatros. Además, lo hace bajo amenaza de sanción, que tenemos que aplicar las comunidades autónomas. En Alemania por ejemplo, las medidas se hacen a nivel municipal, en función de las particularidades y alcanzando obligatoriedad al sector público, pero tan solo tienen un carácter de recomendación para el sector privado. Las familias, por lo tanto, el primer defecto y y que nos da una idea de la gravedad de la situación, es que son medidas absolutamente impuestas y de espaldas a los sectores afectados", declara Paloma Martín dando a conocer los otros grande problemas que tiene este programa aprobado.

Otro de los puntos álgidos parte de saber quien y como va a controlar que todas estas normas se cumplan. Es decir, la duda parte de donde van a salir esos inspectores o funcionarios que lleven a cabo esta labor: "Las comunidades autónomas ya tenemos que garantizar el cumplimiento del reglamento de instalaciones técnicas de los edificios, un reglamento que ya lleva vigente tiempo. Por lo tanto, ya hay planes ordinarios de inspección. Lo que tenemos claro, es que acudimos a esta reunión con el ánimo de que el gobierno retire este Real Decreto porque es una medida que establece imposiciones y obligaciones que van más allá de lo que establece las iniciativas europeas de cara al sector privado. Por lo tanto, nosotros vamos a insistir en que las medidas que se deban tomar, han de estar orientadas a bajar el precio de la luz.

Llevado al caso concreto de su región, la Comunidad de Madrid, la duda parte de si monumentos emblemáticos como la Puerta de Alcalá, entre otros muchos, realmente tendrán que apagar sus luces. Tal y como explica la consejera, "atendiendo al Real Decreto, viendo como esta contemplado, la respuesta es que en este momento no". "Nosotros lo que pedimos es la retirada de ese Real Decreto. En un principio, se ha generado mucho debate sobre qué debían o podían mantener encendido y apagado porque en esta incertidumbre que ha generado el gobierno cabe lugar a las interpretaciones", agrega.

Edificios públicos y escaparates deben apagar sus luces a las 10 horas de la noche

Fachada del Ayuntamiento iluminada, a 2 de agosto de 2022, en Madrid (España). El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de ayer un Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética en Climatización para reducir el consumo de energía en edificios administrativos, recintos públicos y comercios con el fin de facilitar cumplimentar los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania. En esta primera tanda de propuestas se incluye apagar la luz de escaparates y edificios no ocupados a partir de las 22 horas.


"Hay que trabajar para reducir el precio del recibo de la luz, qué es lo que están pidiendo los hogares, las familias los autónomos los comerciantes la industria la pequeña y mediana empresa. Hay que ver que se puede hacer desde el gobierno, que tiene la política energética entre sus competencias para rebajar el recibo de la luz. Ahí hemos puesto nosotros un conjunto de medidas sobre la mesa. Hay que tener en cuenta que el 60% de lo que va en la factura de la luz son impuestos y costes regulados. Nosotros hemos pedido que se bajen esos impuestos y que se saquen en el recibo de la luz esos costes, pero el gobierno se niega a hacerlo. Por tanto, el alto precio que estamos pagando es consecuencia del dogmatismo ideológico de esta izquierda que nos gobierna", manifiesta Martín afirmando que el Ejecutivo se niega a cambiar y poner el foco en el verdadero problema.

Ante los problemas, soluciones. Llegados a este punto, la consejera visualiza su hipotético camino a seguir para solventar la situación de crisis energética y lo que no hay que hacer: "A medio y largo plazo tenemos que establecer nuevas relaciones con Argelia, las cuales se han deteriorado por la política exterior de Sánchez. También hay que reforzar las interconexiones eléctricas y gasísticas con el sistema europeo. Debemos seguir avanzando en la energía renovables, debe abrirse un debate sobre la renovación de la vida útil de las centrales nucleares. Es decir, hay que tener una política de Estado seria que permita poner encima de la mesa soluciones concretas a corto medio y largo plazo para contener el residuo de la luz".

"Pues la realidad de la situación requiere de una Conferencia de Presidentes, ¿dónde está el presidente Sánchez? Estamos todos los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿dónde está el gobierno Sánchez? Esperamos que la ministra Rivera y la ministra de Industria vayan a tomar decisiones en contra de lo que ha aprobado el propio Consejo de Ministros, pero eso no lo van a hacer. Ha de ser el presidente el que asuma esta responsabilidad y el que atienda las demandas de los presidentes autonómicos. Es lo que pedimos desde la Comunidad de Madrid", responde la consejera al ser preguntada por si realmente está reunión sirve algo.

Las discrepancias de muchas regiones son algo más que patente. Otro de los conflictos parte del reparto del pastel. Es decir, existe una cuestión en delimitar la importancia de las comunidades y el margen de maniobra y ejecución que estas tienen en todo esto: "Una imposición del Gobierno, un real decreto ley lo han de cumplir todas las comunidades porque así se recoge en esta norma que han aprobado en el Consejo de Ministros. Entonces la capacidad que tenemos cualquier comunidad autónoma es nula. Lo que sí que hacemos es defender los intereses de estos sectores que están siendo castigados una vez más por el Gobierno de España".

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