VIOLENCIA MACHISTA

Congreso vota si víctimas pueden tener protección sin declarar contra agresor

El Pleno del Congreso debatirá mañana la convalidación del real decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que eximirá a las víctimas de la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 18:03

El Pleno del Congreso debatirá mañana la convalidación del real decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que eximirá a las víctimas de la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica.

Es una de las medidas que contempla este real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

El texto devuelve a los ayuntamientos las competencias en promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, además, "fortalece" la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas género.

Además, pretende mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.

Según informaron fuentes del Ministerio de la Presidencia, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El Gobierno se basa en el Convenio de Consejo de Europa para no supeditar la protección de las víctimas al ejercicio de acciones legales o declaración contra el maltratador.

De esta forma, modifica la ley integral para ampliar los mecanismos con los que las mujeres podrán acreditar las situaciones de violencia de género, que hasta ahora hacían con la sentencia.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género.

Serán el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, los que diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

El real decreto también modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica.

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