El PSOE, con el apoyo de Compromís, ha impulsado la convocatoria de una reunión de la Comisión de Transición Ecológica el próximo miércoles, día 27 de febrero, para votar la propuesta del Gobierno a renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), algo a lo que se ha opuesto el PP, que prefiere esperar al informe jurídico que pidió la Mesa del Congreso por dudas sobre el procedimiento dada la inminente disolución de las Cortes.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que esta convocatoria se ha aprobado por mayoría en la Mesa de la comisión de Transición Ecológica que preside el socialista José Juan Díaz Trillo: tres votos a favor (los dos representantes de PSOE y un diputado de Compromís), y dos en contra (los del PP).

La celebración de la reunión está condicionado al informe jurídico que, a instancias del PP, solicitó la Mesa del Congreso y que los letrados podrían presentar el próximo martes.

Según la ley del CSN, los nombres propuestos por el Ejecutivo deben pasar por la Cámara baja que, por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, ha de manifestar su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes natural a contar desde que la propuesta llega al Congreso. Esta fecha vencería en torno al 15-18 de marzo.

EL CONGRESO SE DISUELVE ANTES DE TERMINAR EL PROCESO

Los 'populares' expresaron sus dudas sobre el procedimiento teniendo en cuenta que el próximo 5 de marzo se disolverán las Cámaras por la convocatoria anticipada de elecciones. Los de Pablo Casado argumentaron que cuando el fin de una legislatura supone que decaen todos los expedientes, informes y procedimientos en curso, por lo que no habría opción a ese veto razonado que se exige.

Si el informe de los letrados no pone obstáculos y se celebra la comisión, los candidatos propuestos por el Gobierno y que se han pactado con Unidos Podemos y PDecAT pasarían por el examen del Congreso el próximo miércoles.

El PP ya ha dicho que no garantiza su voto a favor y Ciudadanos no suele votar a favor de estos nombramientos al considerar que suponen una politización de las instituciones, por lo que todo apunta a que los candidatos no alcanzarán el mínimo de tres quintos. En todo caso, el PSOE y Unidos Podemos confía en que los relevos se harán oficiales a las pocas semanas por falta de un veto razonado.