El Pleno del Congreso ha aprobado este martes, con el apoyo de todos los grupos, a excepción de PP y Ciudadanos que se han abstenido, el decreto ley del Gobierno que, entre otros aspectos, incluye las prácticas académicas en el sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, el Ejecutivo ya se ha comprometido con los rectores a que las universidades no tengan que asumir el coste de estas cotizaciones y ha prometido una regulación específica sobre esta materia.

El texto, que será ahora tramitado en el Congreso como proyecto de ley, incluye en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes participen en programas de formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas. Una medida que, según el equipo de Pedro Sánchez, beneficiará a unos 534.000 alumnos.

Las personas en prácticas quedarán, así, asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo, salvo que la práctica o formación se realice a bordo de embarcaciones, en cuyo caso la inclusión se producirá en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Pero este decreto ley incluye una redacción que no ha gustado a las universidades, porque dejaba abierta la posibilidad de que sean estos centros quienes se deban ocupar de las cotizaciones sociales de los becarios en el caso de prácticas no remuneradas, unas cotizaciones que, hasta ahora, eran cargo de las empresas.

ACUERDO CON LA CRUE

El texto señala que serán responsables las empresas, "salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso se suscriba para su realización, se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios".

Ante las críticas el Gobierno, en una reunión con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acordó, el pasado 16 de enero, "construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión" para que los centros "no soporten gastos añadidos" y los estudiantes "ganen en derechos de protección social".

En concreto, el Gobierno piensa usar el punto sexto del propio decreto ley, para poner solución a estas críticas. En él se recoge que el Gobierno tiene un plazo de tres meses "para desarrollar lo previsto en esta disposición y a adecuar a la misma las normas reglamentarias sobre la materia".