La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha lamentado este miércoles en un comunicado que la Comisión de Salud Pública no de prioridad a las personas con discapacidad en la vacunación contra la covid-19.

Según ha expresado COCEMFE, la Comisión -formada por el Ministerio de Sanidad y CCAA- ha decidido incorporar en la Estrategia de Vacunación COVID a nuevos colectivos vulnerables "dejando fuera a personas con discapacidad que presentan mayor riesgo de contagio, de desarrollar una covid-19 grave, de ver agravada su condición o de elevar su riesgo de mortalidad".

"Desde COCEMFE valoramos que se haya acordado priorizar la vacunación a lo que la Comisión de Salud Pública ha definido como 'grandes dependientes de difícil accesibilidad, personas con autismo profundo, discapacidad intelectual o enfermedad mental severa', pero consideramos inconcebible que sigan quedando fuera personas de nuestro grupo social con mayor riesgo", ha afirmado la presidenta de COCEMFE Barcelona, Montserrat Pallarès.

Es el caso, por ejemplo, de las personas con enfermedades neurológicas, ELA, enfermedades metabólicas, fibrosis quística, enfermedades respiratorias, cardiopatías, personas con esclerosis múltiple, con enfermedades reumatológicas, artritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y coagulopatías, entre otras.

"Hay personas con patologías que les hacen ser más vulnerables frente a la covid-19 y el Gobierno no está garantizándoles la protección suficiente", ha señalado Pallarès.

Por ello, ha reclamado que "las instituciones escuchen a las personas con discapacidad física y orgánica y prioricen su vacunación, teniendo en cuenta que debido a su elevado riesgo hace más de un año que viven con miedo de salir a la calle y a cualquier contacto por culpa del coronavirus".

Del mismo modo, COCEMFE ha insistido en priorizar el entorno de cuidados no profesionales de personas con discapacidad o situación de dependencia como familiares y convivientes, incluyendo a madres y padres de menores con discapacidad.

"Es una medida discriminatoria, que además implica un mayor riesgo y pone en peligro la continuidad de los cuidados de las personas más vulnerables de nuestro grupo social", ha afirmado Pallarès. EFE