Una concentración en la céntrica Plaza Nueva de Granada, a las puertas de la Audiencia y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha simbolizado esta tarde la protesta por la confirmación de la sentencia que ha condenado a Juana Rivas a cinco años de prisión por sustracción de menores.

La concentración, que ha comenzado a las 18.30 horas y ha contado con la asistencia de unas sesenta personas, según la Policía Local, ha sido promovida por la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas bajo el lema "Contra las violencias machistas hacia mujeres y menores, ¡lucha feminista!" y ha contado con una pancarta en la que podía leerse "Contra la violencia institucional. Justicia para Juana".

Según han trasladado los convocantes en un manifiesto, la sentencia representa "un gran fracaso" del sistema judicial y pone al descubierto los "graves déficit" existentes en éste por contar todavía con profesionales "claramente vinculados a un modelo de justicia patriarcal".

La plataforma cree que ese sistema judicial está "desconectado de la realidad social" y de las exigencias que, en materia de violencia de género, establece tanto la normativa nacional como internacional.

"Esta sentencia supone la culminación de un cúmulo de despropósitos y escenifica una de las manifestaciones más crueles de violencia institucional contra las mujeres y sus hijos e hijas", recoge el manifiesto.

Recuerda además que han pasado más de treinta y dos meses desde que Rivas llegó a España "huyendo" y denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Maracena ser víctima de violencia de género.

"El déficit de la respuesta judicial, desconociendo las normas que debía de aplicar, la ha colocado a ella y a sus hijos en una situación de absoluta desprotección", ha advertido, al tiempo que lamenta que, en todo este tiempo ningún tribunal, ni español ni italiano, haya investigado sobre los malos tratos denunciados y se hayan desoído los informes de los servicios públicos especializados.

Para las convocantes, la resolución de la Audiencia que convalida la "retrógrada" sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, representa también "un fracaso" del Pacto del Pacto de Estado y evidencia la "enorme brecha" que existe entre lo previsto en las normas y la dramática realidad que viven las víctimas.

La Audiencia de Granada ha confirmado la condena a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores impuesta a Rivas por el Juzgado de lo Penal 1 tras permanecer en paradero desconocido en el verano de 2017 junto a sus dos hijos para no entregárselos al padre.

La Sección Primera ha estimado de forma parcial el recurso de apelación presentado por Rivas contra el referido fallo, aunque solo ha rebajado la indemnización por daño moral a su expareja Francesco Arcuri de 30.000 a 12.000 euros y ha mantenido "íntegros" los demás pronunciamientos.

Además de a los cinco años de cárcel, Juana fue condenada a seis años de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos y el fallo confirmado por la Audiencia la obligaba también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar a Arcuri, condenado en 2009 por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.

Maite Pozo, abogada de Rivas, ha anunciado este viernes que agotarán "todos los mecanismos" que prevé la legislación para evitar su ingreso en prisión y que pueda ser privada además del ejercicio de la patria potestad de sus hijos, que es "lo que más preocupa" a esta vecina de Maracena (Granada).

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha descartado pronunciarse sobre la petición de indulto de Rivas porque ha asegurado que el Ejecutivo no hace valoraciones de las situaciones procesales de los ciudadanos.