La comunidad educativa ha rechazado la posibilidad de instalar cámaras en las aulas para luchar contra los abusos sexuales a menores al calificar la medida de "gran hermano permanente, intrusismo o ineficaz y contraria a las libertades".

En la memoria del año 2018, presentada ayer, la Fiscalía subraya la dificultad de perseguir delitos de abusos sexuales en los que las víctimas son menores de edad por producirse en entornos de estricta intimidad y llevar aparejados un componente de vergüenza por parte de la víctima.

En ese contexto, menciona que lo "delicado" de los entornos en los que se producen esos hechos "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados (despachos, aulas)".

Fuentes de la Fiscalía han subrayado hoy que en ningún caso se trata de una propuesta ni de una recomendación de la Fiscalía. De hecho, la Memoria tiene una apartado en propuestas de reforma legislativa en el que no se incluye este asunto.

Se trata, de acuerdo con la misma fuente, de la descripción de un problema y la sugerencia de introducir alguna medida de control "de forma general", siempre ajustada a la legalidad, en la que la instalación de cámaras no es más que un ejemplo.

Para la ministra de Educación, Isabel Celaá, la instalación de estás cámaras sería "terrible", aunque, en declaraciones a Onda Cero, ha detallado que a pesar de que en principio no le gusta, todas las ideas son susceptibles de debatirse.

Por su lado, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha opinado que "meter cámaras en todos los colegios de manera discriminada no es la solución" y se ha mostrado partidario del "desarrollo de la convivencia".

No obstante, ha puntualizado que si la Fiscalía "tiene criterios para saber que en algún caso conviene, habrá que reconsiderarlo" pero, ha insistido, en que "no es un enfoque educativamente adecuado para dar solución a un problema que preocupa a todos".

Desde la Consejería Vasca de Educación, su titular Cristina Uriarte, ha asegurado que la colocación de cámaras en las aulas es un tema "muy sensible", que no está "sobre la mesa" en su Departamento y que, en cualquier caso, debería debatirse en el seno de la comunidad educativa.

En Castilla La Mancha, la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, ha calificado la posibilidad de "excesiva" y ha abogado por políticas de prevención de acoso escolar o de violencia de género.

En una línea similar se ha manifestado el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, que ha dicho que la medida es "demasiado intrusiva" y ha apostado porque el profesor garantice la seguridad y la convivencia pacífica en los centros escolares.

Además, la Federación de Enseñanza de CCOO ha criticado la medida porque es "ineficaz, contraria a las libertades y no resuelve el problema de fondo" en las aulas, que es "la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años".

Una opinión que comparte el Sector de Enseñanza de UGT, que considera que las aulas "no precisan cámaras de vigilancia, sino más y mejores recursos, tanto materiales como humanos", para responder a las necesidades de la diversidad del alumnado.

En este sentido, el sindicato de docentes STES ha manifestado que la sugerencia es "desproporcionada, de dudosa legalidad y carente de rigor, además de que elude ir a la raíz del problema".