En sólo dos días, más de 1.500 menores inmigrantes han entrado a Ceuta desde Marruecos por la frontera del Tarajal. Una cifra que ha desbordado los protocolos de asistencia en la ciudad autónoma, que afronta ahora el problema de cómo acoger a estos niños o devolverlos en el caso de que sus padres los hayan reclamado.

Durante el pasado lunes y martes, alrededor de 8.000 personas accedieron de forma irregular a Ceuta, de las que, según los últimos datos del Ministerio del Interior, ya han sido devueltas 5.600 "por los cauces establecidos" y conforme a un acuerdo con Marruecos de 1992 que obliga al país vecino a readmitir a las personas expulsadas desde España

Sin embargo, el protocolo de devolución impide que los menores que viajan solos sean devueltos en caliente, al igual que ocurre con inmigrantes en situación vulnerable, como embarazadas o víctimas de trata, o solicitantes de protección internacional y asilo.

Interior asegura que no se está devolviendo a ningún niño a Marruecos, mientras que varias ONG ponen en duda este extremo y consideran que no se está llevando a cabo un proceso de devolución con "suficientes garantías".

"Los menores no pueden ser devueltos ni en caliente ni en ningún otro modo en tanto no se localice a sus padres o tutores legales en sus ciudades", subraya el abogado experto en extranjería Felipe Garoña.

En estos supuestos, son los servicios competentes en materia de protección de menores de cada comunidad o ciudad autónoma los que deben iniciar un proceso de declaración de desamparo y tutela del menor y se informará al Ministerio Fiscal.

Los menores identificados en situación de desamparo deberán ser inscritos de manera automática en el Registro Central de menores extranjeros no acompañados y en la reseña se deberá registrar la medida de tutela o guarda que haya adoptado la comunidad correspondiente.

Si no se puede establecer con seguridad la minoría de edad por falta de documentación, la ley fija que la Fiscalía "dispondrá lo necesario" para determinar la edad y las instituciones sanitarias realizarán las pruebas científicas necesarias "con carácter prioritario y urgente".

Se trata de pruebas radiológicas y odontológicas, aunque siempre hay que valorar a la persona de forma integral y no limitarse a esos estudios, explica Garoña.

Unas pruebas que en Ceuta comenzarán a hacerse "en los próximos días", cuando la situación esté normalizada, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Desde Fundación Raíces recuerdan que este procedimiento sólo debe iniciarse cuando existan dudas, siempre con las debidas garantías, entre ellas la asistencia letrada, y que resulta innecesario en el caso de niños que "por su apariencia física o por su documentación esté acreditada su condición de infancia".

Entre los menores que han llegado solos a Ceuta, que en su mayoría se encuentran acogidos en las naves del Tarajal, los hay que ya han manifestado su deseo de volver con sus padres, que les han reclamado.

Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales considera "necesario" reforzar los efectivos y servicios consulares "para aclarar y agilizar" los trámites de reagrupación familiar.

En estos casos, y siempre que las familias estén identificadas y localizadas, los menores podrán permanecer bajo medidas de guarda del sistema de protección hasta que se produzca la reunificación familiar, que en ningún caso debería hacerse entregando los niños a las autoridades marroquíes, "por suponer un riesgo claro de que queden finalmente desprotegidos o sufran violencia", alerta la Fundación Raíces.

Además, los niños que han cruzado la frontera junto a sus padres regresarían a Marruecos con sus progenitores.

En la reunión extraordinaria de ayer del Consejo Territorial de Servicios Sociales, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, propuso a las comunidades la acogida de alrededor de 200 menores extranjeros no acompañados que ya estaban en centros de protección de Ceuta para liberar espacio y acoger adecuadamente a los que han llegado de forma masiva esta semana.

Las comunidades han apoyado la propuesta del Ministerio si bien deben decidir ahora si aceptan los criterios de distribución propuestos por el Gobierno en función de la población, renta, paro e impacto en la acogida de estos menores en cada autonomía.