La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación de "desamparo" en la que se encuentran las trabajadoras embarazadas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) "ante la negativa a declarar riesgo en el embarazo antes de la 24 semanas de gestación por exposición a la Covid-19".

Esta situación se produce porque, según el sindicato en nota de prensa, Solimat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social, "equipara el riesgo biológico por Covid-19 a los trastornos musculoesqueléticos por movilización de cargas, turnicidad o realización de guardias, entre otros, situando en la semana número 24 de gestación como referencia para declarar el riesgo en el embarazo".

Así, según el sindicato, "el Sescam no protege a sus profesionales en situación de especial vulnerabilidad por embarazo, las cuales no tienen otra salida para evitar la exposición a la Covid-19 en el desempeño de su trabajo que acudir al médico de familia y solicitar la baja por enfermedad común, apelando a su sensibilidad y buen juicio".

Para CSIF es totalmente "inadmisible" que la trabajadora embarazada deba acudir a su puesto de trabajo hasta la semana 24 de gestación si está expuesta al riesgo biológico por Covid-19, sea cual sea la semana de gestación en que se encuentre.

Por tanto, la Central Sindical exige al Sescam que articule de manera inmediata con Solimat el procedimiento por el cual las trabajadoras de la sanidad pública de Castilla-La Mancha, desde el momento en que comuniquen al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales su situación de embarazo y exista el consiguiente informe del médico del trabajo, así como la certificación de la gerencia correspondiente de que no es posible la adaptación del puesto de trabajo o el cambio a otro puesto que no implique exposición a dicho riesgo para la profesional, "para que la mutua proceda a declarar el riesgo en el embarazo, independientemente de la semana de gestación en que se encuentre la trabajadora".

CSIF ha expuesto por escrito dicha situación ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al Sescam, ante recursos humanos y así como actuaciones jurídicas frente a Solimat, para que la Administración se replantee "la postura negligente" que hasta el momento ha adoptado y cumpla con el deber legal de protección de la salud de sus trabajadores establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente con aquellos trabajadores más vulnerables como es el caso de las profesionales embarazadas.