El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado hoy el primer paso para adaptar las resoluciones judiciales que les afecten a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y facilitarles así su comprensión.

Lo ha hecho con el convenio que ha sellado hoy el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con el de la Confederación Plena Inclusión España, Santiago López Noguera, que pretende dar cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de este colectivo y a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social de 2013.

Con el acuerdo, el órgano de gobierno de los jueces arranca las medidas necesarias para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o las personas con dificultades de comprensión "puedan conocer el contenido de las resoluciones judiciales que les afectan", ha informado el CGPJ.

Aunque su intención es la de alcanzar a todas las resoluciones judiciales que afecten a estas personas, se priorizará, "por su importancia", la adaptación de aquellas que hayan sido dictadas en los procedimientos de modificación de la capacidad tramitados en los tribunales, así como los actos de comunicación de los mismos.

Los textos adaptados no supondrán la modificación del contenido de las resoluciones judiciales y tendrán un valor meramente informativo y no jurídico, precisa el organismo presidido por Lesmes.

Además, el convenio prevé la participación de otras instituciones, como el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas, a las que corresponderá, "si así lo estiman oportuno, asumir el coste de la adaptación de los textos judiciales".

Mientras, el departamento que dirige Dolores Delgado será el que tenga que autorizar la participación de los letrados de la Administración de Justicia en la adaptación de los textos; la selección de los que se vayan a adaptar será competencia exclusiva de las autoridades judiciales.

La firma de este convenio coincide con la jornada histórica que este colectivo ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados, que ha dado el primer paso para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) de 1985 para otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad sin exclusiones.

En él se pone de manifiesto cómo la "exigencia de accesibilidad no se reduce" a asegurar la existencia de entornos físicos accesibles, sino también que "quienes tienen una discapacidad intelectual puedan comprender resoluciones judiciales dictadas a menudo en procedimientos de los que ellos son actores o protagonistas".