El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha exigido que la Junta Electoral Central anule su instrucción sobre el voto de las personas con discapacidad al considerar que "cuestiona las condiciones del voto de este colectivo".

El Cermi se refiere a una instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) en la que establece una serie de medidas encaminadas a que unos 100.000 discapacitados intelectuales que van a poder votar por vez primera en las elecciones generales puedan ejercer su derecho de manera efectiva.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) fue reformada por el Parlamento a final del pasado año para reconocer por vez primera el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, sin exclusiones, lo que va a permitir a participar en las próximas citas electorales a casi 100.000 ciudadanos que no tenían reconocido este derecho.

Tras esa reforma legislativa, la Junta Electoral considera que en esa reforma quedan cuestiones pendientes de clarificar y ha decidido "fijar un criterio que puedan seguir los diferentes sujetos afectados" hasta que el legislador concrete las citadas cuestiones dado que se aproximan dos procesos electorales, las elecciones generales del 26 de abril y las locales, autonómicas y europeas del 28 de mayo.

La instrucción indica que, si algún miembro de la Mesa, algún interventor o apoderado considera que el voto de un discapacitado "no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria", lo podrá hacer constar en el acta de votación, pero remarca que "no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna".

Según el Cermi esta decisión entra en contradicción con el espíritu de esta reforma y está "cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado", al señalar a este colectivo particularmente.

El Cermi ha pedido la revisión urgente de la instrucción para corregir "esta interpretación desviada y contradictoria".