La directora del Centro de Estudios Políticos Constitucionales (CEPC), Yolanda Gómez, ha pedido en el Congreso "reflexión" a la hora de cambiar el término 'disminuido' de la Constitución por otra definición, porque la elegida puede dejar "espacios sin cubrir" jurídica y legalmente.

"Se trata de que los términos en la Constitución permitan después que se haga el derecho que se debe hacer", ha declarado Sánchez durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas de Discapacidad de la Cámara.

A petición del propio órgano, la experta en derecho constitucional ha sido reclamada en el Congreso como asesora para la reforma del artículo 49 de la Carta Magna, con el objetivo de que su redacción elimine términos como 'disminuido' y su redacción se adapte a la Convención de la ONU en materia de derechos de las personas con discapacidad.

En su intervención, Sánchez ha propuesto un texto alternativo al actual, que recoge que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento y rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requiera y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Para la experta, el nuevo redactado debe contar con tres párrafos. El primero recogería que "las personas con discapacidad o diversidad funcional física, psíquica o sensorial recibirá por parte de los poderes públicos una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración para el ejercicio de sus derechos constitucionales, adaptada a su necesidades y en términos de igualdad, sin que puedan sufrir discriminación.

UN TÉRMINO QUE NO INCIDA EN LA CAPACIDAD

De este asunto ha derivado un primer debate entre la compareciente y los portavoces parlamentarios. Tanto la diputada del PSOE, Marisol Pérez, como sus homólogos de PP y Ciudadanos, Pilar Cortés y Marcial Gómez, respectivamente, han pedido explicaciones acerca del uso del término "diversidad funcional".

En este sentido, Sánchez ha explicado que ella a usado la conjunción 'o' porque deberán ser los diputados en el Congreso quienes decidan qué término es el más adecuado.

A su juicio, personas con discapacidad "no debe ser objeto de reproche" ya que es el usado en la Convención de la ONU. Sin embargo, ha apuntado que diversidad funcional ha calado entre la sociedad e "intenta normalizar la situación" del colectivo ya que, existen críticos a usar una palabra relacionada con las capacidades.

"Discapacidad es un término más fuerte", ha indicado, para señalar que se puede interpretar como una desigualdad. Por su parte, ha explicado que diversidad "tiene un problema jurídico porque es muy indeterminado y muy abierto" si después se van a dar políticas sobre esta materia. "Merece una reflexión", ha insistido.