La ministra pretende que el gasto en Educación crezca "al margen de coyunturas económicas o alternancia política"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado que el proyecto de nueva ley educativa llegará de nuevo al Consejo de Ministros "en días", tras "enriquecerse con múltiples aportaciones", y ha anunciado que su objetivo es lograr un "pacto educativo" para que el gasto crezca de manera progresiva "al margen de coyunturas económicas o alternancias políticas" hasta alcanzar el 5% del PIB en gasto educativo antes de 2025.

"Este debe ser el auténtico pacto educativo. Un pacto que blinde la inversión en becas, educación, ciencia y universidades para converger con la media europea de inversión", ha afirmado la ministra y portavoz del Gobierno en una conferencia en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, donde ha detallado los "pilares" de la nueva ley de educación que se remitirá a la Cámara Baja en las próximas semanas, una vez que el proyecto la apruebe el Consejo de Ministros, al que llegará "en días".

Celaá ha destacado que el proyecto de ley se ha "enriquecido" respecto al anteproyecto original con "múltiples aportaciones, reuniones bilaterales y multilaterales, con los equipos de 10 comunidades autónomas, con sus consejos escolares y con propuestas de otros ministerios".

Según ha asegurado, existe "un significativo grado de acuerdo" en torno al proyecto, que es "mucho mayor que el que se suele reflejar en algunas tertulias o debates políticos".

La ministra ha destacado que el nuevo texto legal viene a "restablecer el equilibrio" del sistema educativo, que permaneció estable entre 1990 y 2013, hasta que se aprobó la LOMCE. Según ha denunciado, esa ley conlleva "un auténtico despilfarro de talento" y "una hemorragia que hemos de curar y cicatrizar".

La nueva ley, ha apuntado, incorpora el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. "Es la primera ley educativa española en hacerlo", ha subrayado.

El texto plantea también un enfoque transversal, orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. Asimismo, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible, los derechos humanos y la educación intercultural de acuerdo con la Agenda 2030.

Por otro lado, adopta un enfoque transversal de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. Finalmente, la ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en la sociedad.

Celaá ha destacado que el "objetivo último" es reforzar "la equidad y la capacidad inclusiva", y ha apostado por "un título único" al final de la ESO que sirva tanto para ir a FP como a la universidad, "sin prueba externa".

También ha manifestado la "singular sensibilidad" por la inclusión de la Educación Especial en centros ordinarios, si bien ha subrayado que "no implica para nada" el cierre de los centros de Educación Especial existentes.

En relación a la escuela concertada, ha señalado que la escuela pública es "el instrumento universalista que obliga a llegar a todos sin distinción hasta la última aldea remota", pero la concertada también "cumple su función social".

En este sentido, ha indicado que la enseñanza concertada "tradicional" es "absolutamente respetada" por el Gobierno porque "cumple su cometido bien", pero no se va a "asumir como concertada aquella iniciativa que es propiamente privada y aparece como concertada por una mera diversificación mercantil". En cualquier caso, ha remarcado que "la libertad de elección queda garantizada" en el proyecto de ley.

La ministra ha asegurado, asimismo, que tiene el "propósito decidido de analizar, valorar y resolver los problemas del profesorado y el conjunto de quienes trabajan en centros educativos" y que "llevan años enquistados". "Los vamos a afrontar con un poco más de tiempo, tras el proyecto de ley", ha explicado.

IMPULSO ESTRATÉGICO A LA FP

Por otra parte, ha remarcado el "impulso estratégico" que el Gobierno pretende dar a la Formación Profesional y, en este sentido, ha advertido de que España "presenta un importante desequilibrio en los niveles de cualificación de la población trabajadora en relación a lo que requerirá el mercado de trabajo" en 2025.

Entre las principales líneas de actuación, ha destacado la mejora del diseño de las cualificaciones profesionales, base para la posterior elaboración de la oferta de títulos de FP y de certificados de profesionalidad. También ha indicado que se está prestando especial atención a sectores y competencias emergentes, en concreto, al tránsito a la industria 4.0, a la aplicación de procesos de economía circular y al uso de redes de comunicación 5G, entre otras competencias.

Asimismo, busca la mejora de la integración de la Formación Profesional del sistema educativo y de la FP para el empleo desde el ámbito laboral, así como alinear el Marco Español de Cualificaciones en sus niveles no universitarios con el Marco Europeo.

Otro objetivo pasa por elaborar un marco normativo que regule de forma específica la oferta de FP Dual del sistema educativo y también se pretende impulsar una orientación vocacional y profesional desde el sistema educativo. "Tenemos un buen sistema de Formación Profesional pero necesitamos mejorarla, aumentar su cobertura y, sobre todo, agilizar su adaptación continua a las nuevas necesidades", ha recalcado.