UGT defiende que ofrecer asistencia a toda persona que se encuentre en peligro en el mar es "una obligación internacional"

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha criticado este martes 13 de agosto la "pasividad" del Gobierno español en funciones por no solicitar formalmente a la Comisión Europea que inicie una labor de coordinación para desembarcar y reubicar a las personas que se encuentran a bordo del barco de rescate de la ONG catalana Open Arms.

"La pasividad del Ejecutivo español en funciones se extiende a no haber realizado petición formal a la Comisión Europea para que coordine la distribución de los rescatados y así forzar que Italia o Malta acepten los desembarcos, del mismo modo que hace unos días hiciera el Gobierno alemán con el buque Aylan Kurdi", ha argumentado el sindicato.

Asimismo, Comisiones Obreras ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque, a su juicio, "no ha mostrado ninguna voluntad de ofrecer sus puertos" a las ONG Open Arms, Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée que, con más de 500 migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo central, continúan sin posibilidad de desembarcar, "a diferencia de lo que hizo en junio de 2018, cuando facilitó el desembarco de más de 600 personas rescatadas a bordo del buque Aquarius en el puerto de Valencia".

CC.OO ha rechazado "la actitud de la Unión Europea y sus Estados miembros frente a las personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo" y ha subrayado que "se utilizan argumentos de seguridad o del riesgo de efecto llamada para justificar una actitud insolidaria que desmorona el proyecto fundacional de la Unión".

"Es vergonzoso que la mayor economía mundial no tenga voluntad de dar respuesta a esta crisis humanitaria; que incumpla impunemente el derecho internacional; que no implemente una política migratoria común; que establezca un acuerdo con Turquía para evitar la llegada de refugiados a Europa, eludiendo la responsabilidad sobre el destino de las personas afectadas; que mire hacia otro lado respecto al desembarco de rescatados en Libia, país lo más alejado posible a un puerto seguro pues es un país en conflicto donde se vulneran los derechos humanos de forma generalizada, y que permita la criminalización de la ayuda humanitaria y de los rescates en el mar", ha concluido.

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha recordado que ofrecer asistencia a toda persona que se encuentre en peligro en el mar es "una obligación internacional que no debería estar condicionada o cuestionada por las políticas migratorias de los estados de la Unión Europea".

"En los últimos tiempos se ha intentado criminalizar a capitanes, tripulaciones, ONG, etc. que realizan labores de rescate de personas en aguas internacionales pero la realidad es que quienes violan el derecho internacional, son los gobiernos que no proporcionan los recursos necesarios para asegurar el auxilio a todas las personas que lo precisan", ha denunciado.

Según el sindicato, Europa debe "iniciar una senda de normalización y dejar de abordar la migración como una amenaza o como una situación excepcional". "Los migrantes no son un problema, son personas y deben ser rescatados y atendidos con los medios humanos y materiales que sean necesarios y atendiendo a las normas internacionales y el respeto a los derechos humanos", ha insistido.

Por último, UGT ha afirmado que "debe facilitarse" el abanderamiento de buques que realizan operaciones humanitarias de rescate y "no criminalizar las personas que desarrollan los rescates". Además, añade que "frente a la política de refuerzo de la seguridad y control de frontera de la Unión", es necesario que "se retomen las operaciones de búsqueda y salvamento para evitar la pérdida de vidas".