Castilla y León relaja desde hoy los aforos y horarios en sus actividades comerciales, sociales y de restauración al pasar toda la Comunidad del nivel alto de alerta por la covid al medio, de forma que los bares puede cerrar a la una de la madrugada, aunque se sigue sin poder consumir en barra, y abren los centros de jubilados.

El boletín oficial de la Comunidad, el Bocyl, publica las nuevas medidas para los próximos quince días, que en aforos supone, de manera general, limitaciones situadas en el 50 % de la capacidad máxima, cumpliendo con la distancia interpersonal de seguridad y el uso de la mascarilla.

En los establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas, el consumo dentro del local no podrá efectuarse en barra o de pie y deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el 75 % del aforo en mesa en salas de hasta 40 comensales, en salas de 41 a 60 comensales el aforo será de treinta personas y en salas de más de 60 comensales, el 50 %, siendo, además, la máxima ocupación por mesa o agrupación de mesas diez personas.

En terrazas el aforo se limita al 75 % de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal o de lo que haya sido autorizado para este año en el caso de que la licencia sea concedida por primera vez.

Y tampoco en terrazas se permite el consumo de pie y la ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas estará limitada a diez personas.

Los horarios establecidos para el nivel 2 en interiores de la hostelería son la una de la madrugada, como hora máxima de cierre y las doce para la admisión de nuevos clientes; en terrazas, el horario será el que se recoja en la autorización municipal de actividad.

En cuanto discotecas y otros lugares de ocio nocturno, como las peñas, continuarán cerrados para el consumo interior, sin consumo en barra.

Castilla y León ha anunciado que no aplicará las medidas aprobada en el Consejo Interterritorial del miércoles respecto al ocio nocturno, ya que ni están aprobadas, ni cuentan con el consenso necesario e invaden competencias autonómicas, por lo que han pedido al Gobierno que no las publique o las recurrirá ante la justicia.