Belén Rodríguez

Canarias, comunidad que en la actualidad acoge a más de 2.500 menores inmigrantes no acompañados, necesitaría derivar a 800 niños a centros de la Península para tener capacidad y poder seguir atendiendo a las personas que previsiblemente continuarán llegando a las costas de las islas.

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia de Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, explica en una entrevista a Efe que esta cifra es "una utopía" debido a la dificultad con la que Canarias se encuentra para llevar a cabo estos traslados por problemas derivados de la pandemia y también burocráticos.

Sin embargo, estas derivaciones, que ante una falta de normativa dependen de la solidaridad del resto de comunidades, permitirían que Canarias pudiese atender a los menores de forma "más desahogada" y ofrecerles así una atención que les corresponde por ley de mayor calidad.

Según detalla la directora general, un total de 212 menores extranjeros no acompañados saldrán de Canarias a la Península desde marzo de 2021 hasta finales de septiembre, mes en el que partirán los 50 jóvenes que están pendientes de pruebas PCR y billetes para viajar a Cantabria, Galicia, País Vasco y Madrid.

Entre los menores extranjeros no acompañados y tutelados por el Gobierno de Canarias se encuentran 57 niñas, entre ellas, la más pequeña, una subsahariana de tres años que llegó hace varios días sola en patera a Fuerteventura, donde permanece en cuarentena hasta ser trasladada al hogar de una familia de acogida en las islas.

Las cifras hablan por sí solas: Canarias ha recibido durante los últimos 17 días la llegada diaria de pateras, la mayoría de ellas con niños, sobre todo a Gran Canaria, isla que de media recibe cinco menores al día.

"Están llegando muchos menores en comparación al año pasado", asegura Iratxe Serrano, quien cree que si continúa este ritmo a final de año podrá haber en las islas 3.000 menores, cifra que nunca se ha alcanzado, pues el máximo se registró en otoño del pasado año con 2.700 personas.

El motivo por el que cada vez viajan más en cayuco los menores de edad, según la directora general, tiene que ver con "el ideario colectivo de salir a buscar una oportunidad de libertad" para apoyar económicamente a su familia en su país de origen.

También es llamativo que estén llegando a Canarias más mujeres que en crisis migratorias anteriores, algunas embarazadas, otras con bebés, huyendo de violaciones sistemáticas de derechos humanos relacionados con cuestiones de género, como pueden ser los matrimonios forzosos, la mutilación genial o los casos de trata, agrega.

Del total de los más de 2.500 menores extranjeros no acompañados que hay en la actualidad en Canarias, alrededor de 1.500 están pendientes de la prueba, el informe forense o el decreto de Fiscalía que determine de forma legal si tienen o no menos de 18 años.

La mayoría de ellos viven en inmuebles alquilados por el Gobierno de Canarias, que tiene la competencia y obligación de hacerse cargo de ellos, o en casas cedidas por ayuntamientos y cabildos, una vez ya se han cerrado prácticamente la totalidad de los hoteles donde fueron acogidos de emergencia en un primer momento.

Los menores de seis años son recibidos por familias de acogida inscritas en el programa canario de acogimiento familiar que han superado un proceso de formación e idoneidad.

POR DELANTE DE LAS CIFRAS, LAS PERSONAS

Por delante de estas cifras, que contextualizan la situación de los menores inmigrantes no acompañados en Canarias, se encuentran personas como Ibrahima, el nombre ficticio de un chico senegalés de 16 años que se agarra al baloncesto para no perder la ilusión en el futuro.

Este joven llegó hace nueve meses a Canarias con la idea de seguir con su proyecto migratorio hasta la Península y después continuar a Francia, país en el que cree que al hablar el idioma será más fácil encontrar trabajo para enviar dinero a su familia, empobrecida por la falta de pescado y, por tanto, de trabajo en Senegal.

Todavía no se ha sometido a la prueba ósea que le permite acreditar en España que es menor de edad, por lo que Ibrahima es uno de los más de 1.500 menores que esperan este examen médico para poder tener un futuro con el que pueda sentir que "ha merecido la pena" arriesgar su vida en un viaje en patera de diez días sin apenas comida ni agua.

Modibo, nombre ficticio de un maliense de 17 años, admite que se siente "desesperado", pues, tras salir huyendo hace meses de la guerra en su país, se encuentra "parado" en Canarias, donde no desea estar y donde permanece a la espera de un traslado a la Península que le acerque a París, donde viven su padre y sus hermanos mayores.

El estrés al que está sometido por falta de soluciones y por un traumático viaje en patera en el que murieron varios compañeros ha hecho que el joven tenga que tomar medicación y asistir a terapia psicológica, que le ayuda a sobrellevar el día a día. EFE

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