Quiere devolver las competencias a los ayuntamientos en esta materia e impedir que los menores visiten al maltratador en la cárcel

El PP lleva al Pleno del Congreso de la próxima semana, para su toma en consideración, su proposición de ley para reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 y adaptarla a las medidas que se incluyeron en el Pacto de Estado contra esta lacra, que se aprobó en el Congreso en septiembre del año pasado.

El texto, según explicó durante su registro la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, también busca ajustarse al Convenio de Estambul, que España ratificó hace ya cuatro años. Este documento, entre otras medidas, extiende el concepto de violencia machista hasta otro tipo de violencias que están fuera de la pareja, como la sexual.

Así, esta ley 'popular' incluye como víctimas de violencia machista a las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas con la finalidad de causarles daño.

Además, se recoge la acreditación de una víctima de violencia machista como tal sin necesidad de haber interpuesto una demanda. "Se establece que con otros documentos y acreditaciones se puedan obtener la protección y los beneficios que necesitan (las víctimas)", como una sentencia condenatoria por este delito; una orden de protección u otra resolución judicial que suponga una medida cautelar a favor de la víctima; o un informe de la Fiscalía que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia machista.

COMPATIBILIDAD ENTRE AYUDAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS

"Hasta ahora, las no denunciantes tenían limitado su reconocimiento a la decisión de la legislación de las comunidades autónomas en referencia a la protección social", explicó la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, durante la presentación a los medios de esta ley, en el mes de junio.

Pero, además, este texto recoge un refuerzo de la asistencia jurídica que reciben las víctimas desde el momento de la denuncia para que estén "asesoradas" desde el primer momento.

La norma propone también que las ayudas económicas estatales sean compatibles con las autonómicas, que los hijos de condenados en firme no puedan ir a visitar a su progenitor a prisión, que las penas firmes por esta lacra se ejecuten de forma inmediata o que las competencias sobre Igualdad se devuelvan a los ayuntamientos y diputaciones.