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Baleares.- Baleares contrata vehículos para la atención domiciliaria de las UVAC

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:56

El Consell de Govern se ha dado por enterado de las contrataciones de emergencia de suministro y servicios a cargo del Servicio de Salud por un valor de 22.506 euros, así como de un contrato de arrendamiento de vehículos para la atención domiciliaria de las UVAC.

Según ha informado la portavoz del Govern Pilar Costa en la rueda de prensa previa al Consell de Govern, se trata, por un lado, de la contratación del arrendamiento de una nave de almacenamiento en el Área de Salud de Menorca para poder disponer de un espacio idóneo para depositar materiales en condiciones óptimas de seguridad.

Por otro lado, también se ha contratado el arrendamiento de vehículos para que la Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC) de Atención Primaria de Mallorca realice pruebas diagnósticas de la COVID-19 (para la atención domiciliaria).

Con el arrendamiento de estos vehículos se pretende reducir los desplazamientos de los pacientes contagiados o sospechosos de sufrir la enfermedad y, así, evitar la transmisión comunitaria.

Todas estas contrataciones de emergencia están relacionadas con el tratamiento de la pandemia, debido a la necesidad concreta de disponer de determinados equipos y servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta en la lucha contra la COVID-19.

Concretamente, se ha contratado la adquisición correspondientes al Área de Salud de Menorca de arrendamiento de una nave situada en Mahón, para el depósito y el almacenamiento de material sanitario para combatir la pandemia de la COVID-19, por un importe de 10.164 euros.

Por su parte, el arrendamiento de vehículos para que la UVAC de Atención Primaria de Mallorca pueda realizar pruebas diagnósticas de la COVID-19 para la atención domiciliaria tiene un importe de 12.342 euros.

El pasado mes de marzo el Consell de Govern aprobó el Acuerdo de medidas a adoptar en materia de contratación pública a consecuencia de la declaración de estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ello supuso que a todos los contratos subscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público instrumental les fuera aplicable la tramitación de emergencia.

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