El suicidio ayer de un vecino de Barcelona cuando iban a desahuciado por no pagar el alquiler ha destapado disfunciones en los procesos de alzamiento y ha desatado un cruce de reproches entre el Ayuntamiento y las entidades sociales contra el Gobierno y los jueces, y de estos contra los servicios sociales municipales.

El rifirrafe lo ha iniciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha exigido a los jueces que revisen los criterios con los que aplican o no la moratoria vigente para desahuciar a personas vulnerables y al PSOE que "desbloquee ya" la propuesta de una nueva ley de vivienda.

Colau ha explicado que se trataba de un hombre que, al quedarse en paro, no pudo seguir pagando el alquiler y que los servicios sociales habían acreditado su situación de vulnerabilidad con un informe en abril.

Según la alcaldesa, en estos casos, "la moratoria antidesahucios permite evitar el desahucio, por lo que la abogada del afectado solicitó en dos ocasiones el aplazamiento adjuntando el informe municipal que acreditaba la vulnerabilidad".

"Sin embargo, el juez decidió no aplicar la moratoria y seguir adelante con el desalojo", ha lamentado.

El TSJC ha informado de que la demanda por impago del alquiler fue presentada en enero por un particular, propietario del inmueble, y se tramitaba en el juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona, y que el afectado había solicitado la justicia gratuita.

Según el TSJC, el pasado jueves, 9 de junio, la abogada del demandado presentó un informe de servicios sociales al juzgado indicando "la vulnerabilidad del inquilino y solicitando la suspensión del lanzamiento", pero el juez lo desestimó porque no había acreditado si tenía ingresos.

"Es una decisión que no compartimos ni entendemos, y hasta el último momento los servicios municipales han intentado mediar para frenar el desahucio. Es una muerte que no debería haberse producido", ha dicho la alcaldesa.

También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha lamentado "el papel de muchos jueces, que optan por tomarse la ley por su mano, obviando los informes de vulnerabilidad redactados por profesionales acreditados".

La PAH exige una ley de vivienda estatal que acabe con los desahucios de familias vulnerables y les de la posibilidad de un alquiler social.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinos considera que el suicidio de ayer demuestra que "las leyes y los protocolos actuales no sirven" y que "esto es lo que pasa cuando las leyes protegen la especulación y no a los inquilinos".

El magistrado Roberto García Cenicero, coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, ha replicado y cree "absolutamente injusto" que se les culpe de los desahucios de personas vulnerables cuando hay una "incapacidad manifiesta de todos los servicios sociales" para garantizar una vivienda en esos casos.

García asegura que la moratoria a los desahucios aprobada por el Gobierno raíz de la pandemia "se está aplicando como toca".

Según el magistrado, los jueces están haciendo un "análisis ponderado" de cada uno de los casos, lo que les obliga a estar permanentemente "casi de guardia", y están aplicando suspensiones "de forma generalizada" a inquilinos que no pueden pagar el alquiler si los informes concluyen que están en situación vulnerable.

Ha reconocido que a los jueces les "molesta" que "ciertos líderes políticos estén recriminando la actuación de los juzgados" cuando son el legislativo y el ejecutivo los que deben garantizar los medios para una solución habitacional a los afectados.

Según el magistrado, la respuesta de los servicios sociales ante quienes alegan vulnerabilidad son "intentos de mediación o de recomendación de la suspensión del lanzamiento, pero esa no es la solución, sino dar una cobertura" a los afectados.

García Cenicero cree que cualquier mejora que se incorpore al protocolo antidesahucios sería "bienvenida", pero que la solución al problema de vivienda no puede ser la "moratoria perpetua", por lo que avisa: "Si no hay respuesta final, se va a generar un problema social que ya se nos está viniendo encima".

En el caso de ayer, reconoce que seguramente "todos" lo podrían haber hecho mejor, pero recuerda que, aunque contaba con informes de vulnerabilidad de los servicios sociales, el abogado del inquilino debería haber aportado documentación para acreditar cuestiones relativas a su nivel de ingresos y su situación laboral o patrimonial.

Tras el suicidio, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que el grupo de trabajo sobre desahucios se reunirá de forma "inminente" tras revisar el expediente de trámite de este caso.

La PAH y el Sindicato de Inquilinos han convocado concentración de protesta esta tarde ante las delegaciones del Gobierno en todas las provincias españolas para exigir una Ley de la Vivienda y que se amplíe la moratoria de alzamientos contra personas vulnerables.