El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha autorizado a la Generalitat a prorrogar durante otros catorce días el límite de diez personas en las reuniones sociales y la exigencia del pasaporte covid para acceder a bares, restaurantes y gimnasios.

En un auto, la sala contenciosa del TSJC ha dado luz verde a las restricciones planteadas por el Govern para atajar la propagación del coronavirus que suponen una limitación de derechos fundamentales, lo que incluye un aforo máximo del 70 % en los actos religiosos o ceremonias civiles.

El tribunal reconoce que los datos epidémicos son "desfavorables" y concluye que la preservación de derechos fundamentales como la vida, la integridad física o la protección de la salud ha de ser "el criterio principal que tener en cuenta" ante la situación de la pandemia.

El auto recuerda que los informes aportados por el Departamento de Salud apuntan a que el número de contagios sigue siendo "muy elevado", especialmente entre los jóvenes de menor edad coincidiendo con el reinicio del curso escolar, y que, aunque se observa una tendencia a la ralentización, "es previsible que el comportamiento de la epidemia sea diferente respecto de oleadas precedentes".

"El sistema sanitario presenta aún un fuerte impacto, porque el número de personas susceptibles de padecer la enfermedad sigue siendo muy alto, y la transmisibilidad de la nueva variante ómicron es más alta, afectando a más población (vacunada y no vacunada) y existiendo mayor probabilidad de un superior número de pacientes impactando sobre el sistema hospitalario", añade el tribunal.

En consecuencia, la sala señala que "no puede desconocer la relevancia e importancia de la pandemia internacional reconocida por la Organización Mundial de la Salud" y que nos hallamos en "pleno apogeo" de una ola de contagios.

En ese sentido, considera que las medidas planteadas por el Govern van encaminadas a "mitigar el riesgo derivado de actividades con importante interacción social", ante una pandemia que "ha provocado ya y continúa provocando numerosos fallecidos, hospitalizados con patologías graves y otros afectados" y genera un "extraordinario riesgo para los derechos de los ciudadanos".