El Consejo de Ministros ha autorizado la convocatoria de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal, por un importe de 146.517.565 euros. También, se ha aprobado una cuantía adicional de 25.000.000 euros de financiación suplementaria, procedentes de fondos europeos.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que se ha celebrado con la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hallarse en Bruselas para asistir al Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

El objetivo de esta convocatoria, de carácter plurianual, es impulsar las acciones dirigidas a acoger y promover la integración de solicitantes de asilo, refugiados y otros beneficiarios de protección internacional, incluyendo la financiación de proyectos de equipamiento y adaptación de inmuebles donde se prestan las actuaciones dirigidas a estas personas.

Estas subvenciones van principalmente destinadas a continuar el refuerzo del sistema nacional de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, para dotarlo de capacidad para atender las actuales cifras de solicitantes de asilo en España --este año se han atendido a unas 30.000 personas frente a las 18.000 que se atendían en 2018--.

Hay que recordar que, en este contexto de dar respuesta a la demanda actual del sistema, se modificó el pasado mes de julio el RD de abril de 2007 para poder utilizar los recursos destinados inicialmente a atender las llegadas a costas a la atención de solicitantes y beneficiarios de protección internacional. En lo que va de año se han utilizado más de 1.200 plazas.

ATENCIÓN SANITARIA

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha acordado el reparto de 1.750.000 euros entre todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para contribuir a financiar determinadas actuaciones complementarias de la atención sanitaria prestada a los solicitantes y beneficiarios de protección internacional.

"La asistencia sanitaria a los refugiados está garantizada por los Servicios de Salud de las comunidades autónomas, pero no así otras actuaciones complementarias como la obtención de certificados médicos, la contratación de intérpretes, mediadores culturales o traslados de los reasentados. A estos fines es a los que se van a destinar los fondos que se distribuyen", ha explicado el Gobierno.

Los criterios de distribución fueron acordados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la reunión celebrada el pasado 14 de octubre, y el reparto de los fondos se hará atendiendo a las personas solicitantes de protección internacional en cada autonomía durante el año 2018, reflejadas en la base de datos de la tarjeta sanitaria del SNS.