MEMORIA HISTÓRICA

Asociaciones piden pasar de intenciones a hechos con víctimas del franquismo

Asociaciones de derechos humanos han valorado hoy los anuncios del Gobierno para impulsar medidas que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, pero le han pedido que pase de "las prometedoras intenciones a los hechos".

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1' Actualizado 12:12

Asociaciones de derechos humanos han valorado hoy los anuncios del Gobierno para impulsar medidas que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, pero le han pedido que pase de "las prometedoras intenciones a los hechos".

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Amnistía Internacional, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Rights International Spain se han dirigido a diferentes organismos de la administración para recordarles los pasos a seguir.

En una carta remitida a la ministra de Justicia, al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado, estas asociaciones reclaman la creación de una Comisión de la Verdad, el fin de la 'privatización' de las exhumaciones o la declaración de nulidad de las sentencias de muerte dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo, han informado en un comunicado.

Estas son algunas de las 19 medidas concretas, recomendadas por diferentes mecanismos de Naciones Unidas, que servirán, según las organizaciones, para eliminar los cinco "principales obstáculos" con los que las familias de víctimas de desaparición forzada continúan enfrentándose 80 años después de la Guerra Civil y pasados 40 desde la llegada de la democracia.

Entre esos obstáculos, las entidades señalan la "deficiente" tipificación del delito de desaparición forzada en el Código Penal, la ausencia de investigaciones y tendencia al archivo de casos y la falta de cooperación judicial y la obstaculización al procedimiento abierto por la justicia argentina sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado.

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