Amnistía Internacional ha vuelto a alertar del amplio uso de las porras que realizan los policías para ejercer una fuerza innecesaria o excesiva, que puede "causar fácilmente lesiones injustificadas", y ha documentado casos en los que se han empleado en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.

Un nuevo informe, realizado junto con la Fundación de Investigación Omega, titulado "Golpes contundentes", recoge 188 incidentes en los que agentes del orden han hecho un uso indebido de armas para golpear, como porras y otras defensas, cuyo comercio apenas está regulado en la actualidad.

La investigación se basa en fotografías y vídeos de acceso público de 35 países, entre ellos España, ha informado en un comunicado.

En julio de este año, con ocasión de las protestas celebradas en Madrid contra el asesinato de Samuel Luiz, el joven que murió en A Coruña tras recibir una brutal paliza, la organización recabó testimonios y visualizó imágenes que "daban cuenta del empleo de defensas contra manifestantes pacíficos, así como contra al menos dos periodistas que estaban cubriendo dichas movilizaciones".

Asimismo, Amnistía ha documentado algunas "actuaciones de gravedad" durante el estado de alarma en las que se observa "un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza".

Al respecto, cita un caso que tuvo lugar en Málaga, en abril de 2020, cuando policías nacionales detuvieron a una persona que, "una vez estaba quieta y arrodillada, sin mostrar signos aparentes de resistencia o violencia, recibió varios golpes de porra, una patada, y ya tumbada en el suelo, una agente le pisó el cuello".

La organización pide a las autoridades españolas que impartan formación estricta y basada en los derechos humanos para que los agentes de policía empleen el material antidisturbios de forma acorde a los estándares internacionales y reducir así el riesgo de que se produzcan usos innecesarios o excesivos de la fuerza y se causen lesiones injustificadas.

También solicita que los incidentes en los que los policías hacen uso de la fuerza sean "adecuadamente registrados y analizados" para determinar si constituyen una violación de derechos humanos y que estas actuaciones se investiguen "de forma exhaustiva, efectiva e independiente".