Aldeas Infantiles ha pedido modificar el marco legal para ampliar más allá de los 18 años el alcance de la protección del Estado y las comunidades autónomas a los jóvenes extutelados, que al cumplir la mayoría de edad, salen del sistema de protección y vuelven a quedar "desamparados".

Así lo pone de manifiesto la ONG de infancia en un informe titulado 'El inicio de la desprotección. La realidad de la infancia en acogimiento al cumplir la mayoría de edad', que hace un repaso por la legislación estatal y autonómica y por su adecuación a los estándares internacionales, y concluye con una serie de recomendaciones para garantizar un proceso de emancipación que favorezca la correcta integración de estos jóvenes.

Según los últimos datos, en 2018 había cerca de 50.000 niños en el sistema de protección en España y ese mismo año, 4.000 se dieron de baja del sistema al cumplir la mayoría de edad, "no por decisión propia sino obligados por la normativa, que les obliga a iniciar el camino hacia su vida independiente", tal y como ha precisado la directora de comunicación de Aldeas Infantiles, Mónica Revilla, este martes durante la presentación del documento.

Estos jóvenes, según ha señalado Revilla, "se ven obligados a independizarse 11 años antes" que la mayoría de jóvenes españoles "con la única justificación del reloj biológico".

Ante esta situación, el informe recomienda modificar el marco legal para que el Estado y las CCAA "asuman como una obligación el necesario acompañamiento en la transición de estos jóvenes a la emancipación", con el objetivo de que no queden en "una situación de vulnerabilidad y exclusión" al salir del sistema de protección.

La autora del informe, Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia Comillas, ha indicado que existe un "boquete legal", una "asimetría" pues, mientras que el Código Civil establece la obligación de los padres de cuidar de los hijos más allá de la mayoría de edad, mientras estos no se puedan valer por sí mismos, no ocurre lo mismo con los niños y niñas que crecen sin un hogar familiar.

"Existe una asimetría con los niños en cuidado alternativo pues cuando son mayores de edad no siguen disfrutando de esa protección y, como consecuencia de este boquete legal, los extutelados se tienen que emancipar 11 años antes que sus iguales, cuando la mayoría, ni unos ni otros, son capaces de salir adelante por sí solos", ha advertido Martínez.

Por ello, la autora del estudio ha urgido a adoptar un marco legal en el que se recojan los derechos exigibles por parte de estos jóvenes cuando cumplen los 18 años, entre los que se deben encontrar la vivienda, la asistencia sanitaria y la educación superior o aquella que elijan. Además, propone que en esta norma se establezca un tope de edad como, por ejemplo, 25 ó 26 años.

MÁS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIAR

Un joven extutelado, Juan Luis Sánchez, que tuvo "la suerte" de crecer en Aldeas Infantiles y participar en el programa de jóvenes de la organización, ha insistido en la petición de "flexibilizar" la edad de emancipación de los jóvenes tutelados. También ha reclamado: contar con mentores de referencia que les acompañen, que se simplifiquen los procesos burocráticos, que no se separe a los hermanos y que les ofrezcan más ayudas económicas, "simplemente, para poder estudiar".

"Yo me he podido permitir el lujo de estudiar lo que quiero, de trabajar en algo que me gusta, pero si no hubiese estado en este programa, me tendría que estar preocupando de cosas que no me tocaría. Se hacen cargo de mis gastos, de la alimentación y manutención, tengo apoyo de una responsable, pero esta no es la realidad de todos los jóvenes cuando abandonan el sistema de protección, no todos tienen la suerte que he tenido yo", ha subrayado.

La coordinadora del proyecto Preparados para Emanciparse de Aldeas Infantiles, Eva Martín, ha explicado que preparan a los chicos y chicas para que sean "autónomos e independientes", dándoles herramientas para que aprendan "a desenvolverse en la sociedad, a gestionar el tiempo, el dinero, sus emociones y a resolver conflictos". Asimismo ha indicado que es "fundamental capacitar a profesionales" para incorporar "un enfoque de derechos".

El informe apunta que son pocas las leyes que asumen como obligación el diseño de un proceso de transición a la vida independiente y deapoyo integral a los egresados del sistema de protección: las de Cataluña, la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Precisamente, el Defensor del Menor de Islas Baleares, Serafín Carballo, ha defendido que es un derecho que se tiene que garantizar y ha planteado algunas mejoras como: "sensibilizar a la sociedad para promover el acogimiento familiar"; desarrollar "la figura de los mentores"; "eliminar barreras en el sistema de formación", considerándolos como jóvenes con necesidades "especiales"; aumentar el número de viviendas; establecer alianzas con empresas, y "trabajar contra la xenofobia hacia los jóvenes migrantes".