La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Eleanor Sharpston ha avalado este martes el reglamento europeo que permite la comercialización de productos fitosanitarios como el glifisato, al considerar que "no existe elemento alguno" que afecte a su validez.

Además, la letrada ha añadido que la sustancia activa glifosato "no constituye un ejemplo pertinente" para demostrar "supuestos defectos" del régimen comunitario general de productos fitosanitarios.

Las conclusiones de Sharpston, que no son vinculantes de cara a la futura sentencia del TUE, responden a las cuestiones elevadas por la Justicia francesa ante un juicio a una serie de activistas a los que se acusa de degradación o deterioro de un bien perteneciente a un tercero por haber dañado varios bidones del herbicida 'Roundup' en Francia.

En resumen, las autoridades francesas preguntan a la Justicia europea si alguna disposición "genérica y sistemática" del reglamento sobre comercialización de productos fitosanitarios está "viciada" de tal manera que resulte inválido todo el texto.

En primer lugar, la Abogada General descarta que la normativa no evalúe "plenamente" el 'efecto cóctel" de una sustancia activa, es decir, el efecto de la exposición a diferentes productos fitosanitarios que contienen la misma sustancia activa o a diferentes sustancias activas contenidas en un único producto fitosanitario.

En concreto, niega que el reglamento "adolezca de un error manifiesto de tal calibre". "El sistema establecido en el reglamento es coherente y permite la detección y subsanación de los errores individuales de evaluación", señala.

Por otro lado, la Abogada General considera que las disposiciones sobre el acceso público a los datos presentados por las empresas comercializadoras "son conformes con el principio general de acceso a la información y los documentos". En consecuencia, afirma que "son disposiciones adecuadas y carentes de errores manifiestos".

Por último, las conclusiones avalan el "equilibrio" que busca el reglamento entre asegurar un nivel de protección lo "suficientemente elevado" para personas, animales y medio ambiente y, al mismo tiempo, posibilitar que se comercialicen productos que mejoren la productividad agrícola.