Mientras se multiplican las detenciones de yihadistas en diversos puntos de España, los grupos enfrentados al Gobierno no han dudado en unirse para reclamar en el Congreso la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. La actual ley vino a sustituir hace dos años la también polémica ley de 1992 elaborada por el entonces ministro socialista José Luis Corcuera. Aquélla ley fue duramente criticada porque no garantizaba adecuadamente las libertades ciudadanas y el Tribunal Constitucional suspendió algunos artículos, en especial el registro de los domicilios sin permiso de un juez. La nueva ley del Partido Popular se ha encontrado con el rechazo en bloque de PSOE, Podemos y los nacionalistas. Sin embargo, los riesgos que corre la sociedad son demasiado evidentes para pretender ahora un debilitamiento del Estado en una materia tan delicada. Lo primero que debe exigirse a un gobierno responsable es reforzar la guardia contra una amenaza terrorista permanente y difícil de detectar. Y esto no debe entrar en contradicción con el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución. Lo lamentable es que los grupos parlamentarios jueguen al todo o nada, más por razones ideológicas que jurídicas, y que utilicen un tema trascendental como éste para mostrar la situación de minoría del Gobierno. Hay que exigirles que propongan una alternativa seria para defender eficazmente los derechos humanos y la convivencia.