Mariano Rajoy aseguró ayer en una entrevista en 13 TV que el PP había sido castigado más por la corrupción que por la gestión económica durante la crisis. Ya hace unos meses los obispos españoles en la instrucción pastoral Iglesia, servidora de las pobres, aseguraban que los “procesos de corrupción que se han hecho públicos provocan alarma social y despiertan gran preocupación entre los ciudadanos (…) Suponen –se decía en ese documento- una seria afrenta para los que están sufriendo las estrecheces derivadas de la crisis”.Los obispos señalaban también que “los abusos quiebran gravemente la solidaridad y siembran la desconfianza social”. Responden a una conducta éticamente reprobable, y  a un grave pecado.La corrupción compromete el correcto funcionamiento del Estado, introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, y provoca un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes.La mayoría de nuestros políticos ejerce con dedicación y honradez sus funciones públicas. Por eso resulta urgente tomar las medidas adecuadas para poner fin a la corrupción. Si falta energía en su erradicación se pueden abrir las puertas a perturbaciones políticas y sociales.