Hace pocos días, en la ciudad de Los Ángeles, los Obispos de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe celebraron una importante reunión para tratar el complejo tema de la emigración que afecta a miles de ciudadanos de estas regiones que todos los días intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. La Administración Obama parece dispuesta a afrontar esta cuestión que el Congreso y el Senado ya están debatiendo.La Iglesia que vive en estos países conoce las condiciones de maltrato, explotación y violencia a las que los emigrantes son sometidos en su largo camino. Los emigrantes tienen derecho a recibir la protección de la ley, vivir y trabajar en condiciones de legalidad y hacerlo con sus familias. Pero además de los problemas legales, el principal problema de la emigración en las zonas citadas es la extrema y profunda desigualdad socioeconómica. Los obispos han denunciado la indefensión que sufren hombres, mujeres y niños que en su camino hacia un mundo mejor se convierten en víctimas de los abusos policiales, el narcotráfico, la prostitución y la trata de personas. Esto exige que todos los países que son zona de tránsito reformen sus leyes. Estados Unidos ha sido país de emigrantes y su fortaleza política y económica exige una posición de liderazgo capaz de revertir una situación legal que consagra la indefensión y condena a millones de personas a vivir en la más absoluta oscuridad.