El Consejo del Poder Judicial ha aprobado un duro informe contra la reforma del órgano de Gobierno de los jueces que ha presentado el Gobierno, después de que varias organizaciones de jueces y fiscales hayan anunciado una huelga de dudosa legalidad para el próximo 20 de febrero. Tampoco le faltan críticas a Ruiz Gallardón desde la oposición, a pesar de que el PP ha tratado de primar el consenso con los principales grupos políticos. La reforma de la Justicia queda así en medio de un fuego cruzado, donde se mezclan desde intereses corporativos a críticas contra la politización del poder judicial o a la precariedad de medios en los juzgados.El descontento es generalizado y evidencia que no es posible una reforma de la Justicia que satisfaga a todo el mundo, con el agravante de que el Partido Popular se ve obligado a defender puntos en las antípodas de su programa electoral, donde defendía la unidad del poder judicial y que se primara a los jueces en la elección de los miembros del Consejo. Haría bien el Gobierno en volver a ese programa y cargarse de razones para afrontar la reforma de la Justicia, pilar esencial para la regeneración democrática. De hecho se han producido admirables avances en la independencia de la fiscalía y de la justicia desde que el PP ganó las elecciones, por lo que poco sentido tiene sacrificar ahora ese caudal. Garantizado ese punto básico en la reforma, sin duda será más fácil para el Ministerio abrir un diálogo constructivo con los jueces sobre el resto de asuntos que les separan.