La Fiscalía ha solicitado una condena de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa de 12.600 euros para el exconsejero de Agricultura y Agua del gobierno murciano Antonio Cerdá por el presunto caso de corrupción urbanística conocido por Novo Carthago.

El escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Efe, pide también distintas penas para otros seis exaltos cargos regionales, entre los que se encuentra el exdelegado del Gobierno y exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, y para una exasesora de Cerdá.

Todos ellos, según el fiscal, habrían intervenido con mayor o menor poder decisorio, como autores o cooperadores necesarios, en las actuaciones llevadas a cabo para hacer viable un macroproyecto urbanístico que se ejecutaría en una zona de 565 hectáreas junto al Mar Menor, en terrenos no urbanizables y, parte de ellos, de especial protección.

Según el escrito, el proyecto fue impulsado por la empresa Hansa Urbana, que pretendía construir en este espacio hasta diez mil viviendas, además de campos de golf y hoteles de lujo.

Para Antonio Cerdá se solicitan las penas citadas como presunto autor de un delito de falsedad documental en concurso un delito continuado de prevaricación.

A este acusado se le atribuye, especialmente, haber impulsado la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para hacer viable el proyecto urbanístico.

Una de las solicitudes de condena más elevadas se la que se hace para la que fue su asesora María Antonieta Fernández, a la que se atribuyen los mismos delitos que al exconsejero, por los que se piden tres años y tres meses de prisión y otros tantos de inhabilitación y multa de 9.000 euros.

A esos delitos se añade el de blanqueo de capitales, por el que se reclaman cinco meses de prisión, multa de 125.000 euros y la devolución de esa suma.

En cuanto a Bascuñana, la solicitud de pena que se hace en las conclusiones provisionales de la fiscalía se eleva a seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público como presunto autor de un delito de prevaricación.

Tras la presentación de su escrito acusatorio por la fiscalía, serán ahora las acusaciones particulares personadas en este procedimiento, que comenzó a ser tramitado hace una década, las que entreguen los suyos, lo mismo que deberán hacer las defensas.

El caso Novo Carthago comenzó a ser investigado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia dada la condición de aforado de Cerdá, pero al dimitir este pasó a un Juzgado de Instrucción.