La presidenta de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Arancha Vicario, ha asegurado hoy en San Sebastián que, "después de siete años del cese definitivo de los atentados de ETA, es hora de que las distintas fuerzas políticas y autoridades aborden una agenda común de derechos humanos en el País Vasco".

Vicario ha hecho este emplazamiento en una rueda de prensa con motivo de la celebración del 40 aniversario de la creación del grupo de Amnistía Internacional de la capital guipuzcoana, uno de los pioneros, junto a los de Madrid y Barcelona.

En este evento, que ha servido para presentar los actos conmemorativos que tendrán lugar mañana en el centro Tabakalera, Vicario ha estado acompañada por la coordinadora de la organización en Euskadi, Edurne Etxeberria, el activista Iñaki Hernando, y el realizador Xuban Insausti, autor del largometraje "Grietas", que detalla las cuatro décadas de actividad de Amnistía Internacional en España.

Durante su intervención, Vicario ha recordado que desde 1960 en nuestro país unas 6.000 personas "han sido víctimas de actos terroristas", lo que supone "un gran número" de afectados por "graves violaciones de derechos humanos" que "aún esperan verdad, justicia y reparación".

"Las víctimas de ETA, de los GAL y de otros grupos armados, víctimas de tortura y malos tratos cometidos por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el contexto de la lucha antiterrorista, deben estar en el centro de este diálogo y todos estos temas deben ser considerados como asuntos de derechos humanos", ha insistido antes de reivindicar "verdad, justicia y reparación" también "para los 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo" en nuestro país, la "gran mayoría" de ellos "desapariciones forzosas".

La responsable de AI ha aludido asimismo a otras "grietas" de los derechos humanos que, a su juicio, tienen lugar en España que, según ha comentado, "en estos momentos no es un buen país de acogida ni de protección de los refugiados".

"No se están cumpliendo las cuotas de reasentamiento y de reubicación que España había aceptado, hay expulsiones sumarias y colectivas, las llamadas devoluciones en caliente siguen estando ahí, y el sistema de acogida sigue siendo discriminatorio, arbitrario, obsoleto, ineficaz y en muchos casos lleva a las personas a la indigencia", ha comentado.

Finalmente, ha puesto el acento en el "peligro" existente en materia de "libertad de expresión" debido a la denominada "Ley Mordaza" que, a su entender, "criminaliza conductas muy vagas como el enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas", lo que "pone en riesgo derechos como la libertad de expresión y de reunión y la libertad de información, algo que, como ha dicho, "está teniendo un efecto paralizante, al crear un entorno en el que la ciudadanía teme expresar opiniones alternativas, hacer chistes o expresar opiniones controvertidas".