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LEY CIENCIA

La nueva Ley de Ciencia incluye contratos fijos para los investigadores

El texto que reforma la Ley de Ciencia de 2011 establece la creación de un nuevo contrato indefinido para los investigadores y el personal técnico que no necesitará autorización previa, y un nuevo 'itinerario' profesional encaminado a construir una carrera investigadora estable.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 12:03

El texto que reforma la Ley de Ciencia de 2011 establece la creación de un nuevo contrato indefinido para los investigadores y el personal técnico que no necesitará autorización previa, y un nuevo 'itinerario' profesional encaminado a construir una carrera investigadora estable.

Estas son algunas de las principales medidas incluidas por el Gobierno en el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, Tecnología y la Innovación que, desde hoy, será sometido a audiencia pública, un trámite que ayudará a recabar más opiniones.

Cuando termine este proceso, el texto volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley e iniciar su trámite parlamentario.

El anteproyecto tiene tres objetivos muy claros: crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento a la sociedad y mejorar la gestión de la I+D+i.

Una de las principales metas del texto es lograr la estabilidad laboral y reducir la edad de entrada al sistema de I+D+i y la endogamia y, para ello, se aumenta la vigencia del contrato posdoctoral de acceso a una duración de entre 3 y 6 años (hasta ahora era de 1 a 5 años) en las universidades y organismos públicos.

Además, los contratos limitan a un máximo de 100 las horas de docencia en las universidades y recogen, por primera vez, el derecho a la indemnización equivalente a doce días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año.

Una de las principales novedades de estos contratos es que los investigadores posdoctorales serán supervisados a partir del segundo año de trabajo, una evaluación que servirá para promocionar o mejorar el salario pero no para ser despedido.

En esa evaluación el investigador podría conseguir también el certificado R3, que exime de algunas de las pruebas requeridas para conseguir una plaza en un Organismo Público de Investigación (OPI) y da preferencia en las ofertas públicas de empleo (el 15% de las plazas de universidad estarán reservadas para los que tengan el R3 y el 25% en el caso de los OPI).

Para reducir la precariedad y la temporalidad que afecta a los miles de investigadores y el personal técnico contratado en centros de investigación y universidades, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido que no está sujeto a tasa de reposición, es decir, si cuenta con financiación externa no necesitará una autorización previa.

El texto también recoge medidas para aumentar los derechos laborales de los más jóvenes (los doctorandos o investigadores predoctorales), a los que reconoce el derecho a la indemnización por despido de doce días de salario por año trabajado.

Se modifica también el contrato de investigador distinguido, que será solo para personas de reconocido prestigio que dirijan centros o instalaciones o que sean el investigador principal de un equipo, y medidas para atraer talento extranjero, como la posibilidad de participar en los procesos de selección para puestos públicos hasta ahora reservados a funcionarios de carrera.

Otra novedad afecta a la ley de investigación biomédica, ya que el anteproyecto permite la incorporación estable de investigadores al Sistema Nacional de Salud con categorías específicas y que el personal laboral fijo investigador del SNS pueda tener una carrera profesional en función de sus méritos.

La reforma de la ley de Ciencia también aborda uno de los aspectos más problemáticos del sistema: la burocracia.

Para ello simplifica el papeleo que exige la justificación de subvenciones y prevé que la comprobación se haga por muestreo, es decir, sin tener que verificar todas y cada una de las ayudas o subvenciones obtenidas y permite la concesión directa de ayudas a proyectos ya evaluados por otros agentes públicos españoles.

Otro de los ejes del anteproyecto es reforzar la transferencia de conocimiento, aumentando la colaboración entre el sistema públicos y las empresas, y promoviendo la investigación y la innovación en el tejido empresarial español.

Para eso, el texto propone potenciar la valoración positiva de la actividad de transferencia en los organismos de investigación y las universidades, regula la compra pública de innovación, permite que las administraciones públicas fomenten acciones de inversión, y protege la posición pública cuando se transfieren derechos sobre los resultados de investigación.

Finalmente, la norma refuerza la transversalidad de género, con estructuras y acciones específicas para erradicar las desigualdades de género en la I+D+I.

Así, será obligatorio que los centros de investigación cuenten con un Plan de Igualdad de Género, con medidas para asegurar que las personas que disfruten de permisos asociados a la conciliación o el cuidado de menores o dependientes tengan igualdad de oportunidades en los procesos de selección, asegurar la composición equilibrada de género en los comités de evaluación y premios, e incluir la perspectiva de género en todo el sistema de I+D+i.

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