El Gobierno aprobó ayer el proyecto de la que será la ley de unidad de mercado. La iniciativa intenta solucionar algunos problemas generados por las diferentes regulaciones de las Comunidades Autónomas y es una antigua reivindicación del mundo empresarial. Tiene más que ver con lo económico que con lo político. El desarrollo del Estado autonómico ha provocado algunas disfunciones relevantes, sobre todo para la actividad comercial. La falta de coordinación exige que una botella de vino tenga que ser etiquetada de forma distinta en diferentes partes del territorio nacional. Según las estimaciones del Gobierno corregir este fenómeno puede generar 1.500 millones de euros. Los  estudios del Banco Mundial apuntan que España es uno de los 30 países del mundo en los que cuenta más abrir un negocio. Esas dificultades rebajan la productividad, que es precisamente lo que necesitamos incrementar para mejorar nuestra economía. No tiene sentido que hayamos crecido en integración en la Unión Europea y que España esté cada vez más fragmentada. El Estado de las Autonomías necesita una racionalización: el desarrollo de las competencias no siempre ha sido el más adecuado para construir un país próspero y facilitar la vida de los ciudadanos.