El personal investigador y de apoyo de los organismos públicos de investigación (OPI) han constituido un grupo de coordinación para "salvar la investigación" y la situación "de caída libre" de estos centros científicos, los principales en España.

"La situación angustiosa de los OPI de España ha llevado a las personas que en ellos desarrollan trabajos de investigación, de apoyo a la investigación o de gestión de la misma, a coordinar esfuerzos para pedir a la sociedad y más específicamente al Gobierno medidas urgentes, eficaces y de coste cero para evitar el literal colapso de sus centros".

Así, miembros de las plantillas del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA), el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) acaban de formar el Grupo de Coordinación de OPI (GCO).

Fuentes de este grupo han confirmado a Efe que ya han tenido contacto con distintos grupos parlamentarios y que su intención es solicitar una reunión con el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano.

El objetivo del GCO -afirman en un primer comunicado- es emprender acciones de forma coordinada para conseguir que el Gobierno de España tome conciencia de "la gravísima situación en la que se encuentran sus organismos y arbitre de forma urgente medidas que eviten una catástrofe inminente".

Si bien "son numerosos los problemas que asfixian" a los OPI, este grupo de coordinación quiere concentrar sus esfuerzos en aquellos derivados de la aplicación de un conjunto de medidas de control y fiscalización del gasto.

Estas medidas, denuncian, "no han sido diseñadas para centros de investigación, por lo que bloquean gravemente su funcionamiento", ni han sido elaboradas teniendo en cuenta la especificidad de la actividad científica y su gestión.

Esto provoca, por ejemplo, que se tengan que devolver fondos ya concedidos por la imposibilidad de ejecutar el trabajo comprometido o que se introduzcan "enormes retrasos" en los procesos de contratación de personal, lo que "se suma a la precariedad crónica que afecta gravemente a los centros".

Para estos investigadores, la Intervención Delegada Previa, la centralización de compras y servicios (que "en el mejor de los escenarios no genera ahorro") o el actual procedimiento de contratación de personal con cargo a proyectos de investigación y establecimiento de convenios de colaboración público-privados, son algunos ejemplos de normas y procedimientos en los que "es urgente aplicar cambios relevantes para salvar a los OPI".

"Es importante recalcar que se trata de cambios sin coste presupuestario, que se pueden aplicar inmediatamente y que cuentan, sin duda, con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados".

Según estos centros, "la situación extrema de los centros afectados impone la búsqueda urgente de soluciones al problema; está en juego la supervivencia de un generador de empleo esencial: la I+D+i".

La coordinación y constitución del GCO nace después de que varios de los organismos públicos hayan denunciado individualmente en las últimas semanas la situación que se vive en sus laboratorios.