El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha subrayado este martes que la conocida como ley vasca de abusos policiales está plenamente en vigor pese a los recursos presentados por el PP y Ciudadanos ante el Tribunal Constitucional contra esta normativa.

En estos momentos, ha explicado, se está elaborando el reglamento que desarrolla la ley y este mismo mes se constituirán las comisiones previstas en la norma para comenzar a analizar las solicitudes de las víctimas que sufrieron estos abusos para que sean reconocidas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha recordado que los recursos interpuestos por partidos políticos contra una ley no conllevan la suspensión cautelar de la misma, por lo que el Gobierno Vasco seguirá con los trámites para su desarrollo.

El pasado 6 de septiembre el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra cuatro artículos y la disposición adicional de esta ley.

El recurso fue presentado por más de cincuenta senadores populares al entender que esta norma impugnada "puede vulnerar la reserva constitucional de la función jurisdiccional, que corresponde al Poder Judicial, e infringe el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia".

El 8 de julio pasado el Tribunal Constitucional también admitió otro recurso similar presentado por Ciudadanos contra esta ley que fue aprobada en abril por el Parlamento de Vitoria con los votos a favor del PNV y del PSE. EH Bildu y Elkarrekin Podemos se abstuvieron y el PP se posicionó en contra.

Esta norma modificaba una anterior que había sido recurrida por el anterior Gobierno del PP.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez retiró hace un año ese recurso de constitucionalidad contra la "Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999", y socialistas y nacionalistas se comprometieron a acordar unas reformas para tratar de asegurar la constitucionalidad de la norma, que fueron las que se aprobaron en abril.

El PP entiende que la norma vasca, que busca reconocer a estas víctimas, es inconstitucional porque, entre otros argumentos, considera que la vulneración de derechos debe ser reconocida por los tribunales de justicia y no por un órgano de la Administración, como plantea.