(Actualiza la EC1277 con declaraciones de las consejerías de Navarra y de Madrid)

Madrid, 12 jul (EFE)- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los consejeros autonómicos negociarán este miércoles el Plan Estratégico Nacional, con el fin de buscar un acuerdo para aplicar en España la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) acordada por las instituciones de la Unión Europea (UE).

Planas y los representantes autonómicos celebrarán en Madrid una Conferencia Sectorial monográfica sobre la PAC, con el objetivo de alcanzar un compromiso sobre el Plan Estratégico, que determinará el reparto de ayudas para los agricultores y ganaderos entre 2023 y 2027.

El Gobierno español tiene que presentar antes del 31 de diciembre el plan estratégico, una de las principales novedades de la nueva PAC y que otorga a los Estados miembros de la UE más margen para poner en práctica dicha política y distribuir las ayudas en sus territorios.

España recibirá más de 47.000 millones de euros de la PAC entre 2023 y 2027, para 695.000 beneficiarios.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado un documento a las comunidades autónomas con propuestas para el plan estratégico, analizadas la semana pasada en una reunión técnica en Madrid, presidida por el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda.

Las comunidades autónomas mantienen muchas discrepancias sobre las propuestas del Ministerio.

Entre los puntos que suscitan más desacuerdo, figuran la división de regiones, las primas asociadas (ligadas a la producción) o la aplicación de los eco-esquemas, herramienta de la nueva PAC por la que una parte de los fondos se destina a ayudas suplementarias para medidas medioambientales.

Agricultura pretende una clasificación para las ayudas basada en una división de 20 regiones agronómicas (frente a las 50 actuales) y, además, definir como "agricultor activo" al que obtenga más del 25 % de sus ingresos del campo y al menos 5.000 euros en subvenciones, según el documento de trabajo que han difundido algunas fuentes autonómicas y del sector.

Entre las voces más críticas destacan las de los Gobiernos y agricultores de Andalucía o de Murcia, y dentro de los grupos parlamentarios las del PP y Vox.

Pero otras autonomías también divergen sobre las propuestas del Ministerio y plantean otras alternativas, como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

Y las comunidades de la cornisa cantábrica (País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria) han presentado una posición conjunta.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha manifestado su preocupación, en declaraciones a Efe, por la definición que se conceda a la figura del agricultor genuino o profesional, y por los eco-esquemas.

Ha reclamado un plan específico para el ovino y el caprino, "como lo va a haber para el olivar y ya lo hay para el vino".

Carnero se ha mostrado convencido de que ninguna comunidad "va a dar un cheque en blanco" al Ministerio, y en esa línea se ha pronunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo.

La consejera andaluza ha pedido este lunes, en declaraciones a Efe, un acuerdo de la PAC con un plan estratégico que refleje que el 33 % de los perceptores son los andaluces, y ha confiado en que la negociación del miércoles fructifique.

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha solicitado que la regionalización se simplifique a ocho regiones (dos de regadío, cinco de secano y una de pastos) y que las medidas de los eco-esquemas sean "transversales" y no provoquen incompatibilidades con los planes actuales de desarrollo rural, según han explicado a Efe fuentes la consejería de Agricultura autonómica.

Navarra se ha marcado como "línea roja" la eliminación de los derechos históricos que determinan los pagos agrícolas, y que Agricultura propone continuar, también rechaza las propuestas sobre agricultor genuino y las que afectan a los apoyos redistributivos, ya que en este último punto propone una "discriminación positiva" para explotaciones familiares agrarias profesionales.

La consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid, Paloma Martín, ha dicho que el Gobierno central pretende "penalizar la ganadería extensiva madrileña" en el debate del próximo miércoles; esta autonomía ha pedido al Ministerio un incremento del 10 % en las ayudas para este sector asociadas a la obligación de producir.

La nueva PAC entrará en vigor en 2023 y hasta entonces se aplica una reglamentación transitoria que garantiza la continuidad de los pagos a los agricultores.

Establece que los países destinen obligatoriamente el 25 % de los pagos directos a los eco-esquemas (voluntarios para los productores), con un período de adaptación de dos años.

Otra novedad es el condicionamiento de la ayuda a las explotaciones al respeto de las normas laborales, voluntario desde 2023 y obligatorio desde 2025, con el fin de excluir de las subvenciones a las que cometan abusos.

El 10 % de los pagos directos irán a las explotaciones pequeñas y se fija un nivel mínimo obligatorio de apoyos para los jóvenes agricultores, que será del 3 %. EFE

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