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El Gobierno de Asturias crea una línea de ayudas complementarias para paliar los daños causados por el temporal

El Ejecutivo asturiano reforzará económicamente las medidas de urgencia que son competencia del Estado El Principado aprobará partidas específicas para atender los destrozos en puertos y cofradías de pescadores que exigen respuesta inmediata La Administración autonómica coordinará con los ayuntamientos la tramitación de las peticiones de compensaciones para los afectados

José Luís Villaverde, Ignacio García, Guillermo Martínez y Belén Fernández

José Luís Villaverde, Ignacio García, Guillermo Martínez y Belén Fernández

cope.es cope.es

Tiempo de lectura: 3' Actualizado 19:14

El Gobierno asturiano creará una línea de ayudas complementarias para paliar los daños causados por el fuerte temporal de viento y lluvias que desde el pasado domingo afecta a las cuatro comunidades autónomas de la cornisa cantábrica. Esta decisión reforzará las medidas de emergencia previstas por la Administración General del Estado y cuya tramitación coordinará el Ejecutivo autonómico con los ayuntamientos afectados. Por otra parte, el Principado aprobará partidas específicas para atender los destrozos en los puertos y cofradías de pescadores que exigen una respuesta inmediata, sin necesidad de recurrir a la aprobación de un crédito extraordinario. Estas decisiones fueron adoptadas por el Consejo de Gobierno, celebrado esta mañana, y ya se han comunicado al presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, en la reunión que ha celebrado con los consejeros de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, y Fomento, Belén Fernández, y con el director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, para analizar la situación generada por el temporal, la reacción y cooperación de las instituciones públicas y la estrategia para tramitar en el plazo más breve las reclamaciones ante el Gobierno de España. Las ayudas para paliar los daños derivados de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica están reguladas en el Real Decreto 307/2005 y han sustituido a las antiguas solicitudes de declaración de zona catastrófica. Los consejeros de Presidencia y Fomento han trasladado al presidente de la Federación Asturiana de Concejos las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno de Asturias para paliar los daños causados por el temporal. Se trata de una estrategia que se sustenta en cuatro líneas de actuación: Coordinación y tramitación de las peticiones. El Gobierno del Principado se coordinará con los concejos asturianos para canalizar todas las solicitudes de ayudas de emergencia que formulen los ayuntamientos, ciudadanos particulares, empresas o colectivos vecinales. Gestión ante el Gobierno de España. Tras coordinar las peticiones municipales y ciudadanas, el Ejecutivo asturiano las trasladará a la Delegación del Gobierno en Asturias para su tramitación ante la Administración General del estado. Línea complementaria de ayudas autonómicas. El Gobierno asturiano creará una línea especial de ayudas autonómicas complementarias con el objeto de reforzar las de la Administración del Estado previstas por ley. Para ello, se buscará la suscripción de un convenio con el Ejecutivo central que formalice estas ayudas del Principado. Actuaciones inmediatas en puertos. El Gobierno tramitará partidas específicas para atender de forma inmediata los destrozos más graves y que exigen una actuación urgente en algunos puertos de titularidad autonómica, así como en instalaciones pesqueras. Lo hará con los instrumentos previstos en la prórroga presupuestaria y sin tener que recurrir a la aprobación por la Junta General del Principado de un crédito extraordinario, en el que sí se incluirán otras intervenciones que no sean tan urgentes. Ayudas de emergencia Las ayudas para paliar los daños derivados de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica son una competencia exclusiva del Gobierno de España y se regulan, con carácter general, en el Real Decreto 307/2005. Sus beneficiarios pueden ser: Las corporaciones locales que acrediten escasez de recursos para hacer frente a los gastos derivados de actuaciones ante situaciones de grave riesgo o naturaleza catastrófica. Las unidades familiares o de convivencia económica que sufran daños personales o materiales. Las personas físicas o jurídicas que, requeridas por la autoridad competente, hayan llevado a cabo una prestación personal o de bienes, a causa de una situación de emergencia. Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal que hayan sufrido daños en elementos comunes de uso general que afecten tanto a la seguridad como a la funcionalidad del inmueble. Los titulares de establecimientos industriales, comerciales y de servicios que hayan sufrido daños en las edificaciones, instalaciones o bienes de equipamiento afectos a la actividad empresarial.  

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