El Estado, que es el principal accionista del grupo catalán, está obligado a vender su participación en un plazo inferior a 5 años a contar desde que le inyectó a finales de 2012 una millonaria ayuda europea para recapitalizarlo.En el caso concreto de CatalunyaBanc, el FROB recuerda que la Comisión Europea permitió la inyección de capital a cambio de que los trámites para su venta comenzara antes de finales de julio de 2015 para que la entidad cambiara de manos, como tarde, en 2016.