La frivolidad y la inconsistencia han sido marca de la casa en la política socialista sobre Cataluña desde que Zapatero inspirase la malhadada reforma del Estatuto. Rubalcaba continúa en esa línea. Su respuesta al nuevo órdago del secesionismo ha consistido en afirmar que “hay que escuchar a esos ciudadanos”, marcando distancias con la postura del Gobierno de defender la Constitución. Es de suponer que habrá medido bien sus palabras y el efecto que han producido en una parte no desdeñable de su electorado y en no pocos barones de su partido, que hasta hace una década constituía junto al PP la plataforma básica de defensa de la unidad de España consagrada por la Constitución. En este momento son importantes los gestos y las palabras, y Rubalcaba ha elegido los peores. Es cierto que el PSC se encuentra profundamente dividido y en riesgo de convertirse en un partido marginal en la escena catalana, pero Rubalcaba tampoco ayuda con su equilibrismo.Lo que cabría esperar del líder de la leal oposición es una declaración de exigencia de respeto a la legalidad vigente y una apuesta por proteger el derecho de todos los ciudadanos, de Cataluña y del resto de España, además de una denuncia de los recursos que el Gobierno de la Generalitat está utilizando, en esta época de crisis económica, para montar el escenario de la Vía Catalana.