La Fiscalía ha abierto diligencias para averiguar si la expulsión de policías y guardias civiles de los hoteles de Calella y Pineda de Mar (Barcelona) constituye un delito de odio, en tanto que el Gobierno ha ordenado a los agentes que no abandonen ningún establecimiento hotelero siempre que haya contrato en vigor.

El Ejecutivo y el Ministerio Público han reaccionado ante el "acoso" que están sufriendo los agentes destinados en Cataluña tras las cargas policiales del 1-O, en concreto contra la decisión de los hoteles de esas dos localidades de forzar su salida y contra la posible implicación de los "responsables municipales" en esa decisión.

Unas decisiones que investigará la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona por si fueran constitutivas de delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas "cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española".

Además, una cincuentena de guardias civiles alojados en el Hotel Bruc Restaurant, ubicado junto a la autovía A2 y el macizo de Montserrat, ha abandonado el establecimiento conminados por la dirección, que les ha reprochado la actuación de las fuerzas de seguridad el pasado domingo.

Hoy, los policías y guardias que actuaron el 1-O han recibido el aval de la Fiscalía, que se ha opuesto a una denuncia de la Generalitat al considerar que su actuación para impedir el referéndum suspendido por el TC no afectó "en absoluto a la normal convivencia ciudadana", porque los agentes actuaron en "legítima defensa".

No obstante, se mantiene una multitudinaria protesta ante la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y, desde el domingo, centenares de personas se manifiestan frente a los hoteles donde se alojan parte de los policías y guardias desplazados a Cataluña con intención de que se les expulse.

Algo que ocurrió ayer en Calella y que podría pasar en Pineda de Mar, donde esta mañana se ha conocido un escrito del gerente de los hoteles Checkin en el que asegura que se ha visto obligado a desalojar a los policías, bajo la amenaza del Ayuntamiento -gobernado por el PSC- de cerrar los establecimientos durante cinco años.