Otto Pérez Molina ha dimido como presidente de Guatemala después de que la Fiscal general del Estado ordenara su detención por un escándalo de corrupción. A punto de concluir su mandato, la suya es la última de muchas cabezas que ruedan a consecuencia de las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, puesta en marcha en 2007 por un acuerdo entre el gobierno de este país y la ONU. La presión en las calles ha forzado este desenlace, inconcebible hasta hace muy poco tiempo en un país que todavía debe ajustar cuentas con su pasado reciente y la larga guerra civil que concluyó en 1996. También Honduras y Brasil afrontan en estos momentos masivas protestas contra la corrupción política. En este sentido, parece una buena noticia este despertar de la sociedad civil en América Latina. El problema, por poner un pero, es la falta de instituciones sólidas, unidas a las fuertes desigualdades sociales que va a costar todavía décadas superar, y más si la región entra en un ciclo de recesión o desaceleración económica. Existe el peligro de que, a un gobierno democrático imperfecto le suceda un régimen autoritario y populista, no menos corrupto, como ha ocurrido en Venezuela. En este sentido, el modelo de Guatemala, con la implicación de la comunidad internacional en las reformas institucionales, es un ejemplo interesante a explorar.